Ciudad de México. Sorprende que el Estado mexicano insista en fortalecer una lógica militar que privilegia la muerte de quienes considera enemigos
, en lugar de reconocer sus garantías individuales, comenzando por el derecho a la vida, planteó la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Preocupado ante el riesgo que la militarización de la seguridad pública se eleve a rango constitucional, el titular de esa oficina en el país, Jan Jarab, ha comparecido en tres ocasiones ante el Congreso de la Unión (dos en la Cámara de Diputados y la más reciente el lunes pasado en el Senado), donde ha insistido en el error y los riesgos de crear una Guardia Nacional con carácter militar.
También entregó a los legisladores un documento técnico en el que delinea varios argumentos basados en el derecho internacional sobre las garantías individuales, y las violaciones en las que México incurriría a escala global en caso de aprobar la creación de la Guardia Nacional en los actuales términos de la minuta que se discute en el Senado y los eventuales peligros para los derechos