POR ALEJANDRO HERNÁNDEZ
El pasado 29 de julio tembló en Xalapa, y tembló fuerte, sin embargo, las autoridades de Protección Civil, tanto las del Estado como las locales, dijeron que no había habido ni heridos ni daños en ningún edificio de la ciudad.
Pero ayer un medio informativo local dio a conocer, vía Internet, que el edificio que alberga al Registro Civil de Xalapa está todo apuntalado y que presenta graves cuarteaduras. Los daños son apreciables a simple vista y ponen en grave riesgo tanto a empleados como a los miles de personas que acuden a esas instalaciones a hacer trámites.
Lo lamentable del asunto es que el que el edificio, que no tiene más de cinco años de construido, quizá tendrá que ser derribado y toda la inversión que en él se hizo se irá a la basura.
En 2010 se empezó a usar un área como oficinas de Tránsito y Vialidad Municipal, pero como al poco tiempo esa dependencia fue absorbida por Tránsito del Estado y luego por Seguridad Pública, se decidió instalar ahí el Registro Civil, mismo que inauguró, en 2012, una muy sonriente Elizabeth Morales García, en ese entonces alcaldesa de la ciudad. Hoy, lamentablemente, salen a relucir las malas obras de la señora, y también de quien le antecedió.
Una exhaustiva investigación debe hacer la administración de Américo Zúñiga Martínez para deslindar responsabilidades sobre la mala construcción de dicho inmueble.
Es cierto que los daños fueron provocados por un fenómeno natural, pero también es verdad que, casualmente, es el edificio en cuestión el único de toda la ciudad que presenta daños tan graves, lo cual habla de una mala planeación y una pésima supervisión en su construcción.
Tiene el alcalde actual que llamar a cuentas a los dos exalcaldes inmediatos utilizando todos los recursos legales, ya sea que solicite una investigación a la Legislatura, al Orfis o a la propia Contraloría del Estado, incluso anteponiendo una denuncia ante un Ministerio Público, pues es él ahora el encargado de responderle a la ciudadanía xalapeña.
Porque mientras los malos funcionarios no sean llamados a responder por sus omisiones y negligencias, no podremos hablar de un verdadero cambio. Si el actual alcalde encuentra que sus antecesores obraron con desidia y mala voluntad al asignar la obra que nos ocupa, tiene el deber impostergable de exigir la reparación del daño. No puede ser que mientras en los alrededores existen varias unidades habitacionales con cientos de casas que no sufrieron daños, ni tampoco las bodegas de la Central de Abasto, ubicadas a unos cuantos metros y con más años de construidas, un edificio nuevo esté a punto de derrumbarse.
Alguien tiene que responder por eso, ya es tiempo de que la justicia se empiece a aplicar como se debe.
Alejandro Hernández y Hernández
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