En este mismo espacio hemos comentado la importancia que tiene el principio de la división de Poderes, con motivo de la conmemoración del bicentenario de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, documento que fundó nuestro Congreso general en dos Cámaras: Diputados y Senadores.
Algunas de las finalidades más loables del bicameralismo es equilibrar el ejercicio de poder, así como garantizar la representación del pueblo y la de las entidades federativas.
Es innegable que la tarea sustantiva del Poder Legislativo no radica sólo en ser un instrumento de control político, sino además en la creación de las leyes que regirán la organización y operación de nuestra vida republicana; promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos y la observancia de nuestra Carta Magna.
La educación es un derecho esencial, pues es un derecho llave que permite a su vez conocer, comprender, ejercer y defender los demás derechos.
Con mayor razón, quien legisla debe tener los atributos para poder representar a sus electores y contar con la formación suficiente para contribuir a la trascendente labor de elaborar las leyes.
Es fácil comprender que la función de legislar para regular la vida pública de una nación, exige a quien lo pretende realizar, no sólo gozar de notoriedad entre la sociedad, sino también poseer los conocimientos mínimos que le permitan ejercer el cargo con dignidad y eficiencia.
Del total de ciudadanos que se han postulado ante el Instituto Nacional Electoral como candidatos a cargos federales, es decir: la Presidencia de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, sólo 61.62% reporta tener un grado académico equivalente a licenciatura o superior. Es decir, casi cuatro de cada diez no cuentan con estudios superiores.
Tratándose del grado de doctorado, sólo cuentan con él, 115 de los cuatro mil 568 aspirantes, aunque casi la mitad refiere que sus estudios están en curso o bien, que aún no cuentan con el título.
Si bien conviene recordar que el texto de nuestra Carta Magna no establece como requisito para ser representante popular ningún nivel de estudios, la importancia que tiene la función legislativa nos exige procurar llevar a los cargos para desempeñarse en el Poder Legislativo, a personas que puedan desarrollar su tarea conforme a las exigencias de la vida moderna. Pues su labor será promulgar las normas jurídicas que dirigirán los destinos de casi 130 millones de mexicanos.
Los ciudadanos debemos realizar una tarea responsable para estudiar las trayectorias, experiencia y capacidades probadas de aquellos a quienes habremos de favorecer con nuestro voto en las próximas elecciones. Se trata de una labor que debe ser cuidadosa y detallada, ya que serán muchos los cargos que estarán en disputa.
Quienes habrán de ocupar las curules y escaños del próximo Congreso general deben tener la capacidad de comprender que serán representantes populares de la nación, no sólo de aquellos que votaron por ellas o ellos. Deben estar conscientes de que su función es —además de hacer leyes— servir de contrapeso a los otros dos Poderes, Ejecutivo y Judicial.
Su compromiso —una vez que juren guardar y hacer guardar la Constitución— es velar por la felicidad del pueblo mexicano y tratar de producir una legislación que nos permita el progreso, la unidad y la paz social, que tanto anhelamos.
Como Corolario, la frase de Jonathan Hennessey: “La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre”.
*EXCELSIOR