Por Noé Zavaleta
Con la unción de la ex jueza del juzgado cuarto civil de Coatepec, Beatriz Rivera Hernández como nueva magistrada del Poder Judicial del Estado (PJE), pese a que llevó los espinosos y desaseados casos del homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez (abril 2012) y del encarcelamiento de los twitteros, Maruchi Bravo y Gilberto Martínez (junio 2011), el gobierno de Javier Duarte cierra el círculo de recompensas que ha otorgado a funcionarios públicos que llevaron dichos casos polémicos.
Beatriz Rivera tomó protesta ayer como magistrada. Marco Antonio Lezama Moo el ex subprocurador general de justicia: Magistrado. Además, el ex Fiscal de Veracruz, Amadeo Flores Espinoza fue retirado del servicio público, pero su hijo, Amadeo Flores Villalba fue nombrado magistrado. Consuelo Lagunas Jiménez ex directora de investigaciones ministeriales fue removida del cargo, pero mantenida en la nómina de la PGJE, María Dolores Silva Ovando, cónyuge del magistrado, Agustín Romero Montalvo –adscrito al expediente de Regina Martínez- tomó protesta como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del PJE, todas esas remociones y premios en el servicio público a propuesta del propio gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa. Todos juntos podrían ser catalogados como las recompensas a la corrupción.
Sólo faltaría que en el próximo proceso jubilatorio o de deceso de algún togado del Poder Judicial del Estado, la propia Consuelo Lagunas pueda ser propuesta –por el inquilino sexenal en turno- como próxima magistrada.
Jugosos dividendos si se toma en cuenta que cada magistrado local percibe mensualmente 125 mil pesos mensuales y tienen garantizado un seguro médico anual –extensivo a familiares- hasta por dos millones de pesos anuales.
Llama la atención, en el caso de Beatriz Rivera, los desaseos cometidos en el expediente del homicidio de Regina Martínez, el cual le ocasiono la crítica en medios nacionales e internacionales.
En agosto pasado, la Séptima Sala Penal resolvió que en la sentencia dictada a “El Silva” se violaron sus garantías en el proceso penal y se careció de una debida defensa.
Además de que en el toca 673-13 del TSJE, se señala que no se llevó a cabo un debido proceso, porque no medió orden de aprehensión para la detención del inculpado y este fue detenido 6 meses después de los hechos, trasgrediendo así los artículos 14 y 16 constitucionales.
Regina Martínez fue privada de su vida en abril del 2012, en medio de irregularidades, inconsistencias, pifias y negativas a proporcionar información por parte del Ministerio Público de la PGJE y del juzgado tercero del distrito judicial de Xalapa.
De entonces a la fecha, el gobierno de Javier Duarte se ha empeñado en circunscribir el crimen en el robo, sin ahondar en la línea de su trabajo periodístico, como lo exigió la revista Proceso en su momento.
De acuerdo con los magistrados de la séptima sala penal del TSJE, los testimoniales para incriminar a El Silva fueron de “oídas” y, por si fuera poco, son “demasiado contradictorios”.
Un año después, en julio pasado, un magistrado federal, Jorge Toss Capistran ordenó a la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) reaprender a Jorge Antonio Hernández “El Silva” para que cumpla la pena de 38 años dos meses de prisión por su presunta responsabilidad en el homicidio de la corresponsal de Proceso.
En la cadena de premios, apenas el 30 de junio pasado, Marco Antonio Lezama Moo, ex subprocurador de justicia del Estado fue nombrado el 30 de junio como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pese a los desaseos e irregularidades en las que desahogo la averiguación previa relativa al asesinato.
Se agregan también, Consuelo Lagunas Jiménez, ex directora de Investigaciones Ministeriales de la PGJE y quien se encargaba de atender la coadyubancia de la revista Proceso y de llevar la investigación por la muerte Regina Martínez fue degradada de rango dentro del organigrama de procuración de justicia, pero sostenida con su misma dieta mensual.
Amadeo Flores Espinoza, el ex Procurador de Justicia que llevó la resolución de los casos de los asesinatos de los reporteros de Liberal del Sur y Notisur, Gregorio “Goyo” Jiménez y de la propia Martínez Pérez fue retirado de la política en febrero de este año, pero su hijo, el priista Amadeo Flores Villalba fue propuesto, semanas después, como magistrado, pese a no tener carrera judicial y experiencia en temas de procuración de justicia.
El magistrado federal, Agustín Romero Montalvo fue el encargado de desahogar la primera fase del amparo interpuesto por Alfonso Martínez –hermano de la periodista asesinada- y que recayó con el Toca 673/13-SC en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, a los 3 meses de que ingreso el amparo, María Dolores Silva Ovando, cónyuge de Romero Montalvo tomó protesta como Consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del PJE, a propuesta del propio gobernador priista. La duda que uno se siembra es: ¿Sí ahí se detendrá la cadena de premios? O la lista de funcionarios beneficiados continuara.
La frase de la semana:
“Yo los invito a que den una leída al currículo de la magistrada, que tiene una impecable carrera. Es una mujer con toda la calidad moral y profesional y experiencia judicial en la carrera”, defensa de Ana Guadalupe Ingram sobre la toma de protesta de la nueva magistrada, Beatriz Rivera.
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