La directora de la Coalición de Pensionistas del Estado de Veracruz (COPIPEV), Dolores Martínez Amilpa afirmó que gobierno del Estado adeuda más de 7 mil millones de pesos de 2016 a 2017.
Es decir, del último año de gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa y el primero del bienio del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares.
Martínez Amilpa afirmó que el daño patrimonial a las arcas del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) es “histórico y muy grave”.
“Esta administración ha cobrado a sus deudores y recuperado más de 500 millones de pesos, de los 800 que le heredaron como deuda. El mayor deudor del IPE es gobierno del Estado, así lo reporta el ORFIS, por deudas de más de 7 mil millones de pesos en 2016 y en 2017”, declaró.
Señaló que el IPE recuperó bienes inmuebles que por muchos años estuvieron abandonados, deteriorados y que el mismo instituto ha mantenido, rehabilitado y que próximamente podrán generar ingresos.
“Pero son 45 bienes inmuebles y hay pendientes importantes como cinemas Mocambo en Veracruz, que sigue desocupado y deteriorado”.
Agregó que también está pendiente la Finca Garnica, en Xalapa y la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas; esta última, dijo, convirtió el dinero público en privado “y que es muy difícil y caro desbaratarlo”.
Martínez Amilpa señaló que la Reserva Técnica es otro elemento importante del patrimonio del IPE y que la actual administración ha respetado la reserva, incrementado y hecho buenas inversiones.
“En octubre pasado cuenta con más de mil 400 millones de pesos, pero está muy lejos del monto que tenía hace diez años cuando Fidel Herrera terminó el sexenio, esta Reserva Técnica contaba con más de 2 mil 800 millones de pesos”.
En ese sentido, explicó que para que la Reserva Técnica alcance los niveles que tenia hace 10 años, todavía tiene que crecer más del 47 por ciento.
Precisó que presentaron pruebas del daño patrimonial del IPE a la Fiscalía General de Veracruz, “son documentos oficiales que prueban que el IPE descuidó la renta de sus bienes inmuebles por muchos años”.
“No somos los únicos que han presentado demandas, el ORFIS ya presentó dos demandas por malos manejos del instituto de pensiones y sabemos que el propio IPE presentó una demanda por un dinero que salió sin autorización del consejo directivo y por otro dinero que debió ingresar y del que no hay evidencias”.
Aseveró que la Operadora de Hoteles Xalapa-Chachalacas se privatizó para ser un buen negocio, “pero al cabo de los años no da un centavo de ganancia y eso solo genera deudas fiscales”.
“Basta con acercarse al historial de los contratos mercantiles que el IPE celebró con gobierno del Estado prestándole dinero de la Reserva Técnica, ese historial muestra que el dinero no regreso el capital y los intereses”, agregó.
Recordó que en 2019 se presentó un informe, “y hay evidencias que en 2016 para el pago de obligaciones se retiró de la Reserva Técnica más de mil 200 millones de pesos”.
La directora del COPIPEV puntualizó que la Ley 287 permite disponer del dinero de la Reserva Técnica para el pago de obligaciones, “pero esa misma Ley, en el Artículo 100, obliga devolver ese dinero a la Reserva Técnica”.
Por esta razón solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz que no niegue la deuda al IPE e incluso invitó a una calendarización de los pagos.
Advirtió que en el IPE hay abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, coalición, “nosotros hemos presentado pruebas que los muestran y que la justicia no nos ha llegado”.
Admitió que la actual administración gubernamental ha pagado puntualmente, “pero son tiempos de combatir la corrupción, de que el IPE sea un objetivo importante en esta lucha”.
Por esta razón solicitó a la Fiscalía General de Veracruz que haga uso de las herramientas que el COPIPEV ha proporcionado, “desde antes de la pandemia presentamos a la fiscalía una solicitud para que nos indique en que estado se encuentra la averiguación previa y no hemos recibido respuesta”.
También solicitó un cambio estructural en el IPE que permita tener una representatividad auténtica, legítima y renovada, “que se nos permita transparentar aún más las finanzas, controlar el buen manejo de sus recursos”.
Incluso, dijo, presentaron al Congreso de Veracruz una iniciativa popular para dotar al IPE de autonomía constitucional, la cual fue integrada con más de 14 mil rúbricas.
“Está en el Congreso durmiendo el sueño de los justos, esa iniciativa no avanza, así como tampoco el Congreso hace uso de sus atribuciones para la rendición de cuentas a la que está obligado”, concluyó.