Los antecedentes del abastecimiento de agua a Monterrey y su zona metropolitana son interesantes, ya que se trata de la segunda ciudad con mayor población en el país, asentada en una zona semidesértica y que, precisamente por ello, tiene un historial de carencia y altibajos en materia de su suministro de agua potable. Para darnos una idea del problema, hasta los años setenta, solamente un 60% de la población contaba con el servicio y en 1980, aunque la cobertura de la red alcanzaba al 90% de la población, el servicio se otorgaba de 2 a 3 horas al día.
Vino entonces la ejecución de la primera etapa del Plan Hidráulico de Nuevo León y la construcción del Acueducto Linares-Monterrey, que, junto con la presa Cerro Prieto y la construcción del anillo de transferencia, concluidos en 1984, se consiguió que, por primera vez, la ciudad pudiese contar con un servicio de calidad y las 24 horas del día, caso poco común en la República Mexicana.
Alcanzar dicho nivel de servicio no fue fácil ni en automático con sólo la terminación de dichas obras. Su organismo operador, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), dio un claro ejemplo a seguir en tres temas fundamentales. El primero fue alcanzar a tener una red de distribución eficiente, implementando un programa de recuperación de caudales y sectorización de la red para disminuir las fugas de agua a un mínimo posible. Esta labor fue dirigida por el brillante ingeniero Francisco Cantú Ramos (QEPD), quien, durante más de una década, tuvo a su cargo la dirección de operación del SADM.
Además de ello, SADM desarrolló un notable trabajo en materia de comunicación social para promover la cultura del agua, buscando que, después de años de padecer por un mal servicio, el consumo razonable y cuidadoso del agua fuese el complemento necesario para controlar la demanda. Dicho trabajo se complementó con una cobertura universal de micromedidores para que todos los usuarios paguen lo justo, conforme al volumen de agua que consuman.
Aun cuando con el acueducto Linares-Monterrey la situación estuvo resuelta en un mediano plazo, para 1990, la ciudad, con 2.6 millones de habitantes, necesitaba más agua y la siguiente alternativa de solución era la presa El Cuchillo, la cual tiene el inconveniente de interceptar aguas del río San Juan, que alimentan a la presa Marte R. Gómez, que, ubicada en el estado Tamaulipas, proporciona agua a 70,000 hectáreas del distrito de riego 026.
Obviamente, hubo una enorme inconformidad en Tamaulipas, donde se argumentaba que un acuerdo presidencial de 1952 establecía la veda de la cuenca del río San Juan. Por su parte, Nuevo León defendía la prioridad que tiene el abastecimiento público-urbano sobre todos los demás usos. Finalmente, con el arbitraje de la Conagua, se llegó a un acuerdo con el compromiso de Monterrey de enviar agua residual tratada para compensar el volumen a utilizar.
El proyecto del acueducto de la presa El Cuchillo se consideró en dos etapas, la primera fue construida con capacidad de 5 metros cúbicos por segundo e inaugurada en 1994, con la previsión de una segunda etapa con una capacidad similar a la primera. Si se llega a tomar la decisión de realizar esta segunda etapa, será conveniente alcanzar nuevamente acuerdos con los agricultores y el gobierno de Tamaulipas, dada la difícil situación y escasez del vital líquido en la zona por las recurrentes sequías, cuya frecuencia se acentúa debido al cambio climático.
Sin duda, ante su dinamismo, Monterrey necesitaba más agua y prevenirse ante una sequía. La cancelación, a finales del año 2016, de un nuevo e importante proyecto hidráulico, el Monterrey VI, para enviar a la ciudad agua desde el río Pánuco, puede calificarse como un grave error, del cual hoy se están sufriendo consecuencias. Será motivo de la siguiente columna.