*Rosario Zamora, ex directora de investigaciones ministeriales, decía que los elementos de la SSP eran sus mejores clientes, que le dejaban buenas ganancias cada vez que cometían abusos
*Era ella, y otro grupo de altos mandos de la Fiscalía, los encargados de enderezar los atropellos y desapariciones forzadas con tal de proteger la maquinaria duartista durante los peores días que vivió Veracruz
Tenían un grupo de Whatsapp cuya administradora era Rosario Zamora González, ex directora de Investigaciones Ministeriales en una de la etapas más oscuras y siniestras de la Fiscalía General del Estado. Se llamaba “Los Chacales”. Y en él estaban Enoc Maldonado Caraza, ex director de Investigaciones Ministeriales, protegido de Luis Ángel Bravo, María Aurea Cortés García, fiscal para desaparecidos, y Gilberto Aguirre Garza, director de Periciales, entre otros.
Ellos eran los encargados de limpiar el desastre dejado atrás por los elementos de la SSP y de la Fuerza Civil cuando cometían algún atropello contra los derechos humanos y eran blanco de la opinión pública y de la exigencias de justicia.
«Bravo, bravo, bellísimo, que bueno, vénganse pa’ acá, mis mejores clientes», solía decir Zamora cada vez que los policías cometían una pifia en sus “comisiones”.
«Bravo, la volvieron a cagar, no tarda en venir Bermúdez a pedir el apoyo», decía La Chacala a sus subalternos sin esperar si quiera las órdenes de su jefe, Luis Ángel Bravo Contreras, para proceder.
La Chacala se entendía directamente con Bermúdez y sus esbirros cuando se trataba de enderezar un expediente si se daba la participación de elementos de la policía en casos de desaparición forzada durante el duartismo. De todos era sabido que Bravo Contreras le temía a Bermúdez.
Todo eso ha sido dicho por personas que sobrevivieron al primer círculo del infierno en la barranca de la Aurora y otros más que se salieron a tiempo con información suficiente sobre la política sistemática de desaparición de personas encabezado por Bermúdez y Javier Duarte de Ochoa.
«La Chacala», es el mote que se ganó Rosario Zamora por su carácter duro y despiadado en la Fiscalía. En ese organismo autónomo, ella fue la deidad ante quien se inclinaban los hombres del poder, desde Arturo Bermúdez hasta su jefe, Luis Ángel Bravo Contreras.
Después de Enoc Maldonado, no había persona más calificada para torcer la ley con los fines más perversos, como ocultar la responsabilidad de policías en la desaparición de seres humanos, como ella.
Y eso tenía un costo. Muy alto. Fuentes allegadas al caso que lleva la Fiscalía General del estado exponen que cada caso que le tocaba «enderezar» sobre los abusos de la SSP, era cobrado con creces.
Maletas de dinero desfilaban ante esos funcionarios que hoy están en la mira de las autoridades y de la sociedad, por su actuación llena de inconsistencias durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Los dos primeros, ya cayeron, Carlota Zamudio Parroquín, ex fiscal regional de Xalapa, y Aguirre Garza, director de Periciales.
Los dos, según la acusación de la Fiscalía, orquestaron la forma para desaparecer 13 cadáveres localizados en la barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, junto a la colonia Antorchista.
Esos cuerpos, presuntamente, eran víctimas de la SSP. Jóvenes que habían sido levantados en la periferia de Xalapa sólo por el motivo de parecer sospechosos a la SSP, y que después de ser interrogados en El Lencero, eran lanzados a un barranco con una práctica conocida como «La Olímpica», que consistía en llevar a las víctimas al barranco, echaban la patrulla de reversa sobre el camino, al precipicio, y desde ahí lanzaban los fardos al vacío. Abajo los esperaban árboles, riscos y una laguna cuyas aguas son negras y asemejan una alberca olímpica.
Aguirre Garza y Carlota Parroquín están presos por haber conspirado para desaparecer a trece víctima del delito. Señalados directamente de haber manipulado documentos e informes oficiales para esconder la cifra de víctimas. Todo eso tuvo que pasar por Zamora González, y necesariamente, por Luis Ángel Bravo Contreras.
Los Chacales festinaron y se regodearon sobre el dolor de las madres de los jóvenes, tanto del caso de Playa Vicente, con los cinco chicos secuestrados en Tierra Blanca a manos de policías comandados por Marcos Conde, que mantiene a nueve oficiales detenidos y a once presuntos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación tras las rejas.
Lo mismo en 2016, donde policías y Zetas desaparecieron a tres jóvenes, y por lo cual hay ocho oficiales presos.
En Córdoba, en Potrero, en Orizaba y Huatusco, donde las personas desaparecieron a granel y detrás de esa estela de dolor, los indicios siempre apuntaban a la policía
Pasó en Coatzacoalcos, con la desaparición de cinco hombres en mayo del 2015 y las víctimas del 25 de septiembre, con docenas de víctimas llevadas por comandos de la muerte tripulados por patrullas.
Pasó en Cárdel en 2013 y 2011, cuando los oficiales prestaban sus patrullas a los delincuentes para que salieran a levantar personas libremente, leva de la que cayó víctima el mismo compañero de la fiscalía, Pedro Huesca Barradas y su chofer, levantados por civiles custodiados por la SSP, y un año antes, involucrados personal de la SSP para llevarse a ocho policías municipales de Úrsulo Galván.
De todos esos asuntos, desde Amadeo Flores Espinoza como Procurador, la banda de Los Chacales simulaba investigar y no era así. «En Cardel yo no me meto, ahí están los Zetas», dijo Amadeo siendo procurador a la señora Rosalía Castro Tous, cuando ésta le dio información sobre la desaparición de su hijo y prometida en las proximidades a Cardel.
Una de las mayores y mejor documentadas operaciones de la banda de Los Chacales, se supo en enero del 2014 , tras la desaparición, a manos de elementos de la Policía, del cantante juvenil Gibrán Martíz, y dos de sus amigos, uno de ellos menor de edad quien sigue desaparecido.
En la rueda de prensa para dar a conocer la localización sin vida de Gibrán Martíz y de uno de sus amigos, el procurador Amadeo Flores afirmó que habían muerto durante un enfrentamiento con criminales, aduciendo que los dos chicos estaban metidos en la delincuencia. Pero un año después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo puso en duda al realizar peritajes y revisar cada una de las diligencias encabezadas por Enoc Maldonado Caraza, y destacar todos los errores cometidos por personal de Fiscalía y de Periciales para dar una versión oficial que no correspondía a la realidad, que Girbrán Martíz y su amigo habían sido ejecutados.
Rosario Zamora fue la funcionaria de la Fiscalía General del estado con más participación en las diligencias durante los acontecimientos en Tierra Blanca, en enero del 2016. Para todo era ella quien daba la cara y fue la primera en sugerir a los padres de esos chicos el aceptar las actas de defunción para dar por cerrado el caso. Los padres, encabezados por Bernardo Benítez, jamás dieron paso atrás y la presión que ejercieron en medios y autoridades nacionales, puso al descubierto la red de complicidad entre autoridades y delincuentes que Rosario Zamora nunca quiso ver.
Lucía de los Ángeles Díaz, vocera del colectivo Solecito, afirma que es urgente investigar más a los ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, y en especial, a Amadeo Flores, «si no lo investigan a él, y sólo a Luis Ángel, no habrá justicia. Porque cuando Luis Ángel llegó, todo lo peor, lo malo, ya estaba hecho y le tocó a Amadeo», dijo.
CONTENEDORES A COLINAS
Como si se hubieran inspirado en una película sobre el holocausto, la banda de policías que levantaban, torturaban, asesinaban y desaparecían personas en El Lencero empleaban contenedores -de los que son usados para llevar la mercancía en barcos- como calabozos.
Datos dentro de las investigaciones por la desaparición de personas a manos de la policía, expresan que cuando hacían grandes grupos para interrogar, para mantenerlos en el más estrecho sigilo, los sospechozos eran ingresados en contenedores.
Ahí eran metidos uno a uno, esposados, a veces ahí mismo los torturaban y golpeaban antes de sacarlos para darles muerte.
En esos contenedores los policías que tenían el deber de servir a la sociedad, cometían las peores atrocidades contra personas con vida, mujeres que eran violadas y hombres a quienes golpeaban hasta el homicidio.
Aunque en las investigaciones aún no se cuenta con conexión entre los contenedores y personas de El Lencero y Colinas de Santa Fe, un año antes de ser descubierta formalmente esa fosa en agosto del 2016, madres del Colectivo Solecito y de Red de Madres, recibieron los primeros indicios sobre Colinas de Santa Fe, datos que daban referencias como un camino más allá del minusuper «Yepas» del fraccionamiento Colinas, un enrejado tubular y un contenedor.
Ese contenedor abandonado aparecía en todos los anónimos escritos por delincuentes redimidos que conocían el lugar y buscaban darlo a conocer, filtrando datos a páginas de internet. Lourdes Rosales Calvo, madre del joven Jhonatan Celma Rosales, desaparecido en el puerto de Veracruz, fue de quienes recorrió ese predio en el año 2015. Durante meses, al enterarse de la posibilidad de la existencia de una gran fosa en Colinas, ella y otras madres de los nacientes colectivos hicieron presión ante las autoridades para buscar ese predio de la muerte.
Después de mucha presión, Luis Ángel Bravo les dio el apoyo y las llevaron a caminar entre arenales y brechas y se toparon con el contenedor. «Ahí estaba, dentro tenía una mesa y había mucha ropa tirada, zapatos y cosas personales, pero no nos dejaron tomar fotos». Esa vez se marcharon sin localizar nada y Luis Ángel Bravo salió a desmentir la presencia de cuerpos en esa área. Entre quienes se oponían a la búsqueda en esa zona, estaba Rosario Zamora y Enoc Maldonado, Antonio Piñeiro Badillo anteponiendo toda clase de pretextos. De muy poco apoyo de nada servía la fiscal de desaparecidos, María Aurea Cortés García. Ahora se sabe que eran parte del grupo encabezado por Rosario Zamora a quienes se les bautizó como Los Chacales, y que actualmente gozan de libertad, y que no hubieran podido actuar libremente, al menos el último año, sin la protección de los Presidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como Fernando Perera Escamilla –abogado de curas pederastas- y Namiko Matzumoto.