Isela Martínez huyó de Veracruz después de que su esposo fuera levantado por un comando.
El señor tenía 43 años, llevaba apenas un mes como policía municipal en Tierra Blanca y desde el 26 de octubre de 2011 no se sabe nada de él.
La mujer recuerda aquel miércoles. Llora. Su marido viajaba a bordo de una patrulla con sus compañeros. Hacía su trabajo. De pronto, un grupo armado los interceptó. Eran diez u once sujetos. Vestían de civil y portaban armas largas.
La pareja había abandonado Ciudad Juárez, un municipio del estado de Chihuahua, localizado a orillas del río Bravo -frontera con Estados Unidos-. Decidieron vivir en la zona sur de la entidad veracruzana.
Huían de la inseguridad en aquel lugar fronterizo considerado el veinteavo lugar más violento del mundo, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Isela tenía 15 años cuando dejó Tierra Blanca, su ciudad natal. Buscaba empleo y una mejor vida.
Se estableció en Ciudad Juárez, donde pudo comprarse una casa, desposarse y tener un hijo.
Estuvo tres lustros alejada de sus padres y demás familia. Lo único que la mantenía firme eran sus ganas por trabajar y hacerse de sus propiedades.
La violencia hizo que regresara a su estado, pero se topó con algo peor. Su hijo tenía un año cuando su esposo fue secuestrado.
«Mi esposo no era de aquí, yo me lo traje por el riesgo que había en esa ciudad, me lo traje para Veracruz y aquí le vino a pasar todo esto. Dejé mi casa por la inseguridad de allá (Ciudad Juárez), quise venirme para acá, pero acá le pasó todo a mi esposo», relata inconsolable.
Sus suegros la culpan de lo ocurrido. Sabe que no es así. Valentín Escudero eligió uno de los oficios más peligrosos para ganarse unos pesos.
EXILIO
La mujer de 38 años lamenta que su hijo haya vivido parte de su infancia sin su padre.
Agustín ya tiene siete años. Cursa el segundo grado de primaria en una escuela de la comunidad Tetela, municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, estado de Oaxaca.
Su madre decidió «sacarlo» de Veracruz. Su objetivo: evitar que fueran las siguientes víctimas de la violencia desatada en esta entidad.
Además, enfrentaba una fuerte crisis financiera. No juntaba ni para pagar la renta, mucho menos los servicios básicos y algunas necesidades de su «pequeño».
«La renta estaba muy cara, no me daba para pagarla. También por la inseguridad, sobre todo por lo que pasó con mi esposo ya no quise estar en el estado de Veracruz», narra.
Pidió a su madre que les diera «posada», mientras arreglaba algunos trrámites por la desaparición de su marido y encontraba otro lugar para establecerse.
«Mi niño y yo vivimos con mi mamá. De Tierra Blanca me tuve que mudar a Tetela, Oaxaca».
La localidad se encuentra a 19.3 kilómetros de Tierra Blanca, a unos 26 minutos en vehículo.
Isela vende gorditas, empanadas, tostadas, panuchos y tamales afuera de la escuela de Agustín.
Obtiene ganancias de entre 150 y 200 pesos al día, que destina, en su totalidad, a la manutención de su hijo.
DESESPERANZA
Isela Martínez da por muerto a su marido. No hay rastro de él desde hace siete años.
Existe una denuncia por la desaparición forzada de Valentín; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz, dio carpetazo al caso.
«No se sabe nada, dieron carpetazo, porque no se sabe nada de mi esposo. Nunca fue encontrado su cuerpo, ni nada. No sé nada de él hasta la fecha».
Ella es una de las 35 viudas de policías, tanto estatales como municipales, que han protestado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, en Xalapa.
Cuando sus maridos murieron en el cumplimiento de su deber, el Gobierno del Estado prometió pagar una beca de manutención a sus hijos y otorgar una vivienda.
La primera vez, el 7 de febrero, mostraron cartulinas a un costado del recinto del Poder Ejecutivo. Fueron atendidas por funcionarios menores. Sólo «les dieron atole con el dedo».
Por ello, 19 días después, se manifestaron en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, mejor conocida como «Plaza Regina Martínez».
Las mujeres alzaron la voz para exigir el cumplimiento de la Ley número 290 «Para el otorgamiento de beneficios a deudos de integrantes de las instituciones de Seguridad Pública del Estado caídos en cumplimiento del deber».
Cuyo Artículo 1º, establece: «el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave otorgará trimestralmente una pensión equivalente a cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Xalapa-Enríquez, a los deudos de cualquier integrante de las instituciones de Seguridad Pública en el Estado, que fallezca con motivo de su actividad profesional desarrollada con objeto de brindar protección a los habitantes del Estado».
La ley fue aprobada por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado y promulgada por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Entró en vigor el 29 de agosto de 2011.
Los casos de policías municipales fueron excluídos durante este gobierno, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, y el pasado.
«A las viudas de los policías municipales nos hicieron a un lado con las becas, no sabemos cuál es la razón», externa con los hombros vencidos, de desesperanza.
CERRAZÓN
Sin embargo, el Artículo 2°, determina: «las instituciones de Seguridad Pública del Estado comprenden a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública en los ámbitos estatal y municipal, definidas por el artículo 2 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Asimismo incluyen a las instituciones auxiliares mencionadas en el artículo 7, fracciones IV y V de la ley antes citada».
El gobernador Yunes ha reiterado que no solventará los adeudos heredados por administraciones anteriores. Mucho menos cumpliría las promesas que efectuó Duarte de Ochoa antes de ingresar al Reclusiorio Norte, Ciudad de México, por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias.
Algunas de las mujeres reciben la pensión, pero continúan a la espera de que les otorguen su vivienda, como lo marca el Artículo 9º de la ley mencionada.
«Adicionalmente a la pensión prevista por el artículo 1° del presente ordenamiento, el Gobierno de Veracruz, a través de la institución estatal encargada de la vivienda, otorgará una vivienda al cónyuge supérstite o a la concubina o concubinario, para que la habiten en compañía de sus hijos que reúnan las condiciones indicadas en los incisos c) y d) del artículo tercero de esta ley».
«No procederá el otorgamiento de este beneficio cuando el cónyuge supérstite, la concubina o el concubinario cuenten con vivienda propia o estén en condición de heredar la que fuese propiedad del integrante de las instituciones de Seguridad Pública del Estado fallecido en las circunstancias previstas en esta ley», se lee en la Gaceta Oficial.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a cargo de Guillermo Moreno Chazzarini, ha sido omisa en el cumplimiento de la Ley número 290.
«Finanzas, queremos hechos, no palabras. Cumplan con la ley 290. Viudas exigimos la entrega de viviendas», se leía en algunas cartulinas que portaban en la protesta del pasado 26 de febrero.
Las viudas del puerto de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Tierra Blanca, Papantla, Chicontepec y otros municipios tienen que vivir en casa de sus padres, suegros, otros familiares o en departamentos rentados.
Durante años han esperado que el Gobierno del Estado asuma sus responsabilidades. Se dicen cansadas. Hartas de que las autoridades no resuelvan el problema.
Por tal motivo, han amagado con proceder legalmente contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Jaime Téllez Marie.