POR ROSA VÁZQUEZ
*presentaron iniciativa en ley de tránsito del estado que permite uso de la fuerza pública, y utiliza grupos pagados para generar hartazgo de la población
Diversas organizaciones civiles acusaron que el gobierno del estado de Veracruz está creando nuevas medidas de represión al criminalizar la protesta social y realizar «montajes» para que la población sienta hartazgo por las manifestaciones sociales que se dan especialmente en el centro de la ciudad.
Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Las Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, el Colectivo por la Paz Xalapa y estudiantes de Humanidades condenaron la propuesta enviada al congreso del estado por el diputado priísta Adolfo Ramírez Arana para «regular» las manifestaciones sociales».
Entrevistados, calificaron dicha propuesta como «regresiva», «similar a la prohibición de manifestaciones antes del 72» e incluso como «una copia de la ley bala». Por lo que en algunos casos ya han comenzado a informarse legalmente sobre los recursos que podrían interponer en caso de que la iniciativa prospere.
MMPV-CNTE
La profesora Sandy Martínez, integrante del MMPV-CNTE anunció que el magisterio ha estado analizando las acciones jurídicas que podrían implementar si la iniciativa de regular las manifestaciones sociales es aprobada.
Y es que opinó, dicha propuesta que sería incluida en la nueva ley de tránsito del estado, violenta un derecho fundamental de los mexicanos, que es la libre expresión. Con esto se intentará callar a todas las voces que protestan contra el gobierno del estado.
«Esta iniciativa es retrógrada completamente, viene sólo a beneficiar los intereses de ciertos sectores y la idea es opacar todas estas voces que piden justicia. Confirma el fascismo que tenemos en el gobierno».
Recordó que hace muchos años antes del 68 había una ley donde no se permitían las manifestaciones pero fue echada abajo gracias al esfuerzo de los estudiantes y maestros que integraron el movimiento de Tlatelolco.
La profesora consideró que la estrategia para criminalizar la protesta social está ocurriendo incluso más allá de la propuesta realizada en el congreso, y es que en las últimas semanas, grupos relacionados en sus orígenes con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se han dedicado a tomar las calles del centro de la ciudad durante días, provocando la molestia y hartazgo de la población.
«Nosotros lo vivimos el 13 de septiembre, cuando el magisterio convocó a una manifestación y nos encontramos desde una semana antes a estos grupos manejados por el PRI con una intención muy clara de que no podíamos hacer uso de la Plaza Lerdo».
Estudiantes de Humanidades
Julián Ramírez, estudiante líder del área académica de humanidades, se pronunció en contra de la propuesta de regular las manifestaciones sociales desde cualquier perspectiva, pues es un derecho ciudadano.
Los estudiantes del área de humanidades de la Universidad Veracruzana constantemente realizan movilizaciones, protestas y marchas para defender causas sociales que les afectan como sector.
«Vamos a tumbar la iniciativa, lo primero que se tiene que hacer es desobedecerla, eso es lo primero que tiene que hacer la sociedad. Y parte de la jornada del 2 de octubre es contra la criminalización de la protesta».
LA VIDA
Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la asociación ambientalista LA VIDA, también se pronunció en contra de la manifestación del priísta Ramírez Arana porque es una oposición al derecho de la libre manifestación que marca la constitución política mexicana.
Pero además «este diputado pretende reeditar la ley bala del gobernador de Puebla, que está prácticamente en los mismos términos sólo que aquí no se autorice el uso de balas de goma. Esta es una ley que pretende inhibir el gran descontento que hay en Veracruz».
Insistió en que la propuesta incluida en la ley de tránsito del estado, es agresiva desde que se habla de permitir que la fuerza pública desaloje a los manifestantes que no responden al llamado de no bloquear vialidades.
Colectivo por la Paz
Anaís Palacios, integrante del Colectivo por la Paz se sumó al repudio hacia la iniciativa de regular las manifestaciones sociales, considerándola como una limitación de la libertad de expresión que permitirá el uso justificado de la fuerza pública.
Coincidió con otros activistas sociales respecto a que el gobierno del estado realiza estrategias para que la población pida que frenen las manifestaciones sociales y apoye la iniciativa de regularlas.
«Se utilizan grupos para hartar, para molestar a la ciudadanía con reclamos que no son tan legítimos y que se ha tenido conocimiento de que son pagados por algunos grupos políticos. Puede ser que esto sea utilizado para justificar medidas como la propuesta de este diputado».
Por ello, pidió a la ciudadanía que sean críticos de este tema y que se exija a las autoridades atender los reclamos sociales en lugar de ignorarlos y seguirlos provocando para que continúen las manifestaciones y bloqueos de calles.