Los impostores supuestamente calibran las básculas, acuden a establecimientos con chalecos color beige, mismos que poseen el logo antiguo de la dependencia federal.
POR DAVID ARCOS/EXCLUSIVA
Personal de empresas privadas, que dice formar parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aplica sanciones y estafa a proveedores de diversos municipios del estado.
Los “estafadores” supuestamente se dedican a calibrar las básculas, por lo que acuden a establecimientos con chalecos color beige, mismos que poseen el logo antiguo de la dependencia federal.
El problema se ha agudizado en Xalapa, Coatepec, Tuxpan, Poza Rica, Jilotepec, Álamo Temapache y Perote, pero no se descarta que esta situación se esté presentando en todo el territorio veracruzano. Así lo alertó el encargado de despacho de la Subdelegación de Profeco en Xalapa, Santiago Guadalupe Gómez Ortiz, quien además recalcó que estas personas están incurriendo en un delito federal, por lo que se está elaborando una denuncia para interponerla ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia federal cobra 220 pesos por calibrar una báscula de 30 kilogramos y esas personas cobran hasta 600 pesos.
“Las básculas son reguladas por Profeco en las tienditas, las verdulerías, las carnicerías. Es una obligación anual calibrarlas, de enero a mayo, lo que se cobra es por el servicio de la calibración. El proveedor puede hacerlo con una empresa particular o con Profeco”, dijo.
Sin embargo, indicó que las empresas privadas de calibración no están siendo contratadas por los proveedores, por lo que se presentan como personal de Profeco para intimidar y acosar a los comerciantes.
“Están estafando en dos cosas, primero hacen creer a la gente que son de la Profeco y, segundo, porque cuando estamos yendo a calibrar vemos que las básculas no están calibradas ¿entonces qué es lo que hacen? cobran y llenan el papeleo”, manifestó.
En Álamo Temapache las empresas como Unidad de Verificación Autorizada (UVA), Unidades de Medición Normalizados (UVIM) u otras, obtuvieron permisos municipales para “extorsionar a los proveedores”, toda vez que los funcionarios no confirmaron que realmente se tratara de personal de la Profeco.