Dentro de las facultades del Congreso de la Unión está incluida la de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, que constituye, sin duda, una de sus potestades más importantes.
El paquete económico es el conjunto de iniciativas y criterios que en materia de ingresos y egresos de las finanzas públicas debe presentar de forma anual el Presidente de la República —a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— al Poder Legislativo para su análisis y aprobación.
Nuestra Carta Magna dispone en la fracción IV del artículo 74 que el Ejecutivo federal tiene hasta el 8 de septiembre para hacer llegar la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, la cual deberá aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre. En cumplimiento de lo anterior, hace unos días el secretario de Hacienda cumplió con la obligación constitucional. El Proyecto de Presupuesto plantea diferentes y significativos cambios respecto del ejercicio pasado, pero en esta ocasión me referiré a uno cuya trascendencia e impacto en la vida nacional es innegable. Me refiero a la educación.
El gobierno federal plantea pasar de 337,851,440,847 millones de pesos, aprobados para el año 2021, a 364,484,046,855 millones de pesos en 2022, es decir un aumento de 7.88%.
Aunque de entrada suena interesante el incremento, lo anterior en realidad es un aumento —en términos reales— de sólo 1.83%, ya que, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Banco de México, sabemos que la inflación al cierre de 2021 se pronostica que será de alrededor de 6.05%.
En virtud de las condiciones económicas mundiales producidas por la pandemia de covid-19, un aumento en educación —por pequeño que sea— merece ser celebrado, ya que la Unesco ha advertido el peligro de que los gobiernos desvíen los presupuestos para tratar de enfrentar las consecuencias.
Aunque la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos respecto de la educación no es deficitaria, no deja de ser inercial y conservadora. La pandemia vino a dejar al descubierto las deficiencias educativas de nuestro sistema, porque, por ejemplo, las investigaciones del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM reportan —con datos del primer trimestre de 2020— que 71% de las personas fallecidas en esta emergencia sanitaria tenía una escolaridad de primaria o inferior.
No se está previendo destinar recursos importantes para la remodelación de escuelas que carecen de agua o están en estado deplorable ni para inversiones a largo plazo que tiendan a mejorar la impartición de la educación en mejores condiciones en el futuro.
Recordemos que desde 2019, a través de una reforma constitucional al artículo 3°, se adoptó la obligación del Estado respecto de la impartición y garantía de la educación en todos los niveles —incluida la educación superior— y existe el compromiso de efectuar una inversión progresiva para poder hacer realidad su gratuidad. La educación tiene que verse como una inversión estratégica del Estado para poder disfrutar beneficios sucesivos y prolongados en el tiempo. Hoy más que nunca garantizar educación es la base para el acceso a un mayor catálogo de derechos humanos.
Ante la evidencia clara de que necesitamos más y mejor educación sería muy deseable que las diputadas y diputados incrementaran las asignaciones presupuestarias para este importante rubro de manera sustancial. Sólo así sortearemos con éxito la catástrofe mundial que en materia educativa la pandemia ha traído.
Como Corolario, la frase del Maestro de América, Justo Sierra: “Educar quiere decir fortificar”.