«Bravo Contreras nos ha dejado a nuestra suerte» denuncian padres de familia de cinco jóvenes desaparecidos por elementos policiacos en Tierra Blanca - “Dígame si miento” le reprocharon en los peores 30 minutos del Fiscal en su vida pública
- Avalancha de protestas cuando Roberto Campa ofreció la palabra a los padres dolientes
- “No soy político, pero como varón trabajaré» reviró el funcionario duartista
- Cónclave privado, sin prensa, sobre desaparecidos
Crónica de Miguel Ángel León Carmona/En Misión Especial
“Señor, Roberto Campa, el Fiscal Luis Ángel Bravo nos ha dejado a nuestra suerte. Pasaron 20 días y él ni siquiera tuvo la molestia de llamarnos. Si no es por usted, quién sabe si hubiese venido. Él y su equipo de trabajo se tomaron tres días festivos. ¿Usted sabe qué significan 72 horas de angustia sin saber noticia de nuestros hijos? Que responda si estamos mintiendo”.
Así comenzaron los 30 minutos de tortura verbal para el Fiscal General de Veracruz. Señalado, cuestionado y rechazado por los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en la reunión con elementos de la gendarmería nacional y miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV).
El salón privado del Hotel Niña Bonita simuló un juicio penal; El juez, Roberto Campa Ciprián, en la cabecera. A su izquierda, Manelich Castilla Craviotto, Jefe de la División de Gendarmería en Comisión Nacional de Seguridad. A su derecha, el acusado, Bravo Contreras y al frente las cinco víctimas, los padres lacerados por los demonios de la inseguridad en Veracruz.
Poco, muy poco pudo hacer la abogada del diablo, María del Rosario Zamora González, directora general de Investigaciones Ministeriales. A ella le fueron canalizadas las preguntas que llegaron a inmutar a su jefe. Contestó a tirabuzón desde una esquina del salón de juntas y esquivó los cuestionamientos como pudo.
Dos horas duró la estancia de los funcionarios federales en Tierra Blanca, Veracruz. Únicamente al momento de las quejas y los reclamos, Campa Ciprián sentó a su derecha al Fiscal de Veracruz. El resto, lo apartó de su grupo de trabajo. Distante observaba Bravo Contreras las gestiones de sus superiores.
Roberto Campa Ciprián fue el primero en entrar al Ministerio Público de Tierra Blanca. A su derecha de trabajo, Sergio Jaime Rochín del Rincón, Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV). A su izquierda, Manelich Castilla Craviotto, Jefe de la División de Gendarmería en Comisión Nacional de Seguridad. Fueron sus abanderados por el resto de la estancia.
Y allá en los planos secundarios, a escala de grises, el séquito: Luis Ángel Bravo Contreras, María del Rosario Zamora González y Guilebaldo Maciel Mercado, subprocurador Regional de Justicia. Un grupo apartado de los funcionarios federales, de los familiares afectados y de la misma prensa.
Nunca pensó el allegado del señor gobernador Javier Duarte de Ochoa vivir un antagonismo tan radical. Saber que sus zapatos Salvatore Ferragamo pisarían la batea de una patrulla de la gendarmería y además ser trasladado en ella.
Al final de la reunión, los padres otorgaron la confianza a las autoridades federales. No obstante, Bernardo Benítez Herrera advirtió: “Ponemos nuestra esperanza en ustedes, pero también les damos un plazo de ocho días para resolver este problema. Sabemos que no nos van a defraudar”.
CIRCO MONTADO
El señor José Benítez Herrera notificó el martes 2 de febrero a los demás padres de desaparecidos que la reunión con Roberto Campa comenzaría a las 11 de la mañana.
La gente del orden federal arribó a Tierra Blanca cuarenta minutos antes de lo pactado. Incluso previo a su llegada al ministerio público visitaron el lugar donde sucedió el levantamiento de los cinco jóvenes de Playa Vicente.
La puntualidad se hizo manifiesta. Todo lo contrario, según el negro historial del señor Luis Ángel Bravo, quien a sus citas con los colectivos del Solecito en Veracruz, Colectivo Por La Paz en Xalapa, Colectivo en Orizaba, encabezado por Aracely Salcedo y Colectivo Córdoba-Veracruz, coinciden los padres que suele retrasarse hasta una hora en las reuniones.
A las afueras del M.P. el escenario era diferente, comparado con los 23 días anteriores. Vehículos de la gendarmería cercaron un perímetro de cien metros a la redonda. Las patrullas de la Fuerza Civil y Policía Estatal fueron borradas del operativo. “Qué le iban a dejar esta responsabilidad a esos hombres”, comenta sarcástico don Bernardo Benítez Herrera.
Por primera vez los agentes ministeriales del M.P. no lucieron sus ropas de civil y gafas tipo Ray Ban de imitación. Estaban debidamente uniformados, saludaban a los presentes, ejecutaban reverencias a los superiores. “Siempre andan fachudos, pero hoy si estaban arregladitos”.
Don Bernardo Benítez fue el encargado presentarse con Campa Ciprián, lo invitó a sentarse en el inmobiliario de empresa cervecera, a un costado de los retazos de colchonetas donde los familiares de los jóvenes han acampanado durante 25 días. Lo hizo partícipe del sórdido escenario donde esperan ansiosos a sus muchachos.
“Gracias, señor Bernardo, pero sólo vinimos a cerciorarnos de las condiciones en las que han estado viviendo. Vamos a un lugar más privado para detallar los informes, por favor. Lejos de la prensa”.
El Subprocurador Regional de Justicia no cambió su semblante en ningún momento. Escaneo el campamento del M.P. y atestiguó la situación deplorable en la que los familiares aguardan el regreso de sus familiares. Resta esperar si hará algo por ellos.
Por su parte, la palomilla de Luis Ángel Bravo se quedó apartada. Era mesa para dos. “Solamente crucé dos frases con el Fiscal: le dije qué tal, de bienvenida y hasta luego de regreso. No más”. Aclara don Bernardo Benítez.
Todos se trasladaron hacia el hotel Niña Bonita. Sin embargo, a la salida del M.P. ya esperaban al menos cuatro familias de desaparecidos en Tierra Blanca, quienes tampoco dirigieron sus peticiones ni el saludo, ni la vista a Bravo Contreras. Quisieron probar con la guardia federal. Encomendarse a un santo diferente.
Roberto Campa anotó los nombres de Álvaro Jácome Lara, desaparecido el 21 de diciembre del 2015; José Rodolfo López Cruz, levantado el 15 de octubre de 2013. Hugo Trujillo Hernández, privado de su libertad el 11 de diciembre de 2015. Entre otros casos que se dejaron escuchar. Los padres fueron canalizados con elementos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV).
Así entonces, el contingente partió a realizar la diligencia. Los vehículos escaseaban y los dos padres de desaparecidos, sin pensarlo, abordaron a la batea de una camioneta de la gendarmería nacional. Roberto Campa dijo, “voy con ustedes”. Fue cuando Luis Ángel Bravo, sorprendido, siguió la orden, no tuvo opción. Percudió el planchado de su pantalón y su camisa a rayas.
LA TUNDA DE LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS
Llegaron al sitio privado, Campa sació la intriga de la prensa: “Daré entrevistas al final, señores. Los padres serán los primeros en ser informados”. Entonces entraron y cada quien tomó su asiento: Al centro de la mesa, en la cabecera, estuvo Roberto Campa, a su izquierda Manelich Castilla Craviotto, a la derecha, esta vez, en la zona de acusados, Luis Ángel Bravo Contreras. En un rincón se ubicaría la abogada del diablo, María del Rosario Zamora González.
Campa Ciprián dio la bienvenida y leyó la orden del día a los padres. Acto seguido, dio la palabra a Manelich Castilla Craviotto quien puntualizó el reporte de avances del trabajo de la Gendarmería Nacional. Don Bernardo Benítez Arróniz resume dos hojas de contenido secreto que se abordó en la charla: Los jóvenes, se estima, que se encuentran en un perímetro de 100 kilómetros y en ocho días, aproximadamente, llegará el término de la investigación.
Al concluir el reporte comenzaría la tortura verbal, de al menos treinta minutos, hacia el Fiscal Luis Ángel Bravo. En un extremo de la mesa aguardaba María del Rosario Zamora González, quien ya preparaba argumentos a manera de municiones.
“¿Hay alguna duda sobre el reporte leído?”, el silencio de los padres otorgó satisfacción. “¿Alguna inconformidad, señores?, entonces los reclamos se desbordaron, una avalancha de protestas desembocó contra Luis Ángel Bravo.
¿ACASO ESTOY MINTIENDO, SEÑOR FISCAL?
El primero en cuestionar a Luis Ángel Bravo fue Bernardo Benítez Herrera: Señor, Fiscal, ¿cómo explica que la gendarmería ha hecho en ocho días lo que usted y su equipo no pudieron en 19, tiempo vital para nuestros muchachos?
El acusado apretaba las palmas de sus manos, tallaba su frente, el frío era doble del que se sentía producto del clima artificial que el mismo Campa mandó a disminuir a los encargados del hotel.
“No dan informes, señor Campa. Aquí el Fiscal nos deja a nuestra suerte. Se tomaron el puente desde el sábado 30 de enero hasta el lunes primero de febrero. No hubo señales de ellos. ¿Usted sabe que significan 72 horas sin saber noticias de nuestros hijos? Ni siquiera recibimos una llamada de aliento, nada.” emitió José Benítez Herrera.
Dardos que impactaban al señalado de la reunión. Turnó entonces la pregunta hasta Rosario Zamora. “A ver, licenciada, conteste a los padres, por favor”. Dos veces pasó la papa caliente a María del Rosario Zamora González, quien a tirabuzones resanaba la inoperancia.
“Así como la gente de Tierra Blanca y Playa Vicente nos viene a apoyar en lo espiritual, así necesitamos el respaldo de nuestras autoridades del estado. Pasaron 20 días sin un acercamiento con nosotros, sin que sonará una llamada del Fiscal”.
“Si, señores. Entiendo que fue una falta de tacto, lo comprendo, pido disculpas”.
Ante el reproche de la señora Columba Arróniz, Manelich Castilla Craviotto, Jefe de la División de Gendarmería en Comisión Nacional de Seguridad, aclaró: “Pues mi gente trabajó este puente más que ningún otro día”.
El señor fiscal se escudó entonces, “Señores, yo no soy ningún político, pero como varón, me comprometo a trabajar. Aplicaré todo el rigor de la ley en contra de quien sea. Caerá quien tenga que caer”.
Así se fueron 30 minutos embarazosos para Luis Ángel Bravo y María del Rosario Zamora González. Los padres descargaron su inconformidad acumulada durante 20 días, 480 horas de nulo respaldo por parte de las autoridades estatales.
Finalmente Campa dio por terminada la entrevista. Se llegó al acuerdo de que el caso tendrá pruebas contundentes a más tardar en ocho días. “Ponemos nuestra esperanza en ustedes, pero también les damos un plazo de ocho días para resolver este problema. Sabemos que no nos van a defraudar. No podemos aguantar más esta angustia” finiquitó Bernardo Benítez Herrera.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se comprometió: ”Llegado el momento del desenlace de esta investigación, habrá otra junta con protocolo similar”.
De esta manera la reunión llegó a su fin en punto de las 13:00 horas. Los padres regresaron resguardados por la seguridad pública federal. A esperar en el campamento el final de este calvario con el respaldo de la gendarmería nacional. En una tarde incómoda para Luis Ángel Bravo Contreras el tres de febrero de 2016.