El fracaso de las administraciones municipales por cuatrienio está en manos de los alcaldes electos y de la evaluación ciudadana.
Se carece de una exhaustiva supervisión de las acciones emprendidas por los 212 presidentes municipales de Veracruz.
Falta transparencia y la selección de instrumentos de medición para saber si los periodos municipales de cuatro años resultaron más favorables que los de tres.
Hasta el momento, a unos meses de concluir las administraciones municipales, los ediles han recibido diversos reclamos y han sido criticados.
En el caso de Xalapa, han sido denunciados los rezagos en obra pública, sobre todo en colonias de la periferia donde las calles carecen de pavimento, guarniciones, banquetas, alumbrado público y otros servicios básicos.
La gente salió en más de diez ocasiones a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, para reprochar al alcalde Américo Zúñiga Martínez su incumplimiento en promesas de campaña.
Algo que también ocurrió con su antecesora y compañera priista, Elizabeth Morales García, quien ahora encabeza la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE) en Veracruz.
El sector empresarial cree que Zúñiga Martínez pudo haber desempeñado un mejor papel, si el exgobernador Javier Duarte de Ochoa no hubiese saqueado las arcas del Estado.
Y es que el gobierno estatal aún adeuda cerca de 300 millones de pesos al ayuntamiento de Xalapa. Situación que se observa en el bajo crecimiento económico de la ciudad y la falta de obra pública.
SIN RENDICIÓN DE CUENTAS
Para el economista Rafael Arias Hernández lo más importante es la existencia de una evaluación del trabajo realizado en tres o cuatro años.
En el proceso entrega-recepción se desconocen los objetivos alcanzados o los asuntos que quedaron pendientes.
«Tenemos en Veracruz la experiencia de que, tanto en tres como en cuatro años, simple y sencillamente la Planeación es coja, es mutilada, porque no hay evaluación».
Sin embargo, no existe dicha evaluación porque la participación ciudadana y social es baja. No se involucra en el tema, ni se alienta.
A juicio del académico del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana (UV), los presidentes municipales electos deberán encargarse de vigilar los avances o retrocesos que heredan las administraciones salientes.
«Este aspecto parte de una transparencia que debe exigírsele a los ayuntamientos, pero también parte de una exigencia a las nuevas administraciones».
La gente tendría que demandar a los nuevos ediles que presenten públicamente las actas de entrega-recepción y una evaluación para saber qué están recibiendo.
«Yo haría un exhorto para que a las nuevas administraciones y a este gobierno de la alternancia se les exijan las actas de entrega-recepción. Lo mismo a estos, una evaluación de lo que están entregando».
Sería positivo que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares también se involucre y supervise que los alcaldes cumplan con dicha responsabilidad.
«Pero nos conformamos con las promesas de campaña, nos conformamos con los compromisos del plan, pero nunca vemos los resultados, los logros y los pendientes, los éxitos y los fracasos», añade el Maestro en Economía.
REFORMA DUARTISTA
El exgobernador Javier Duarte de Ochoa fue quien presentó una iniciativa de reforma al párrafo primero del Artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Buscaba ampliar el periodo de los presidentes municipales de tres a cuatro años, a partir de 2014, año en que inició su gestión Américo Zúñiga Martínez en la capital del estado.
24 meses antes, el Congreso del Estado había declarado legalmente aprobadas las diversas reformas constitucionales.
Presuntamente, más de la mitad de los 212 municipios estaban de acuerdo con los cambios legales a la Constitución Política y por ello se había autorizado la ampliación del periodo de gobierno municipal, a partir del primero de enero de 2014.
Con dichos cambios se buscaba que los ediles pudiesen llevar a cabo un mejor desempeño de sus funciones, según versiones de los diputados priistas.
El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento ciudadano (MC) planeaban promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues consideraban que dichas modificaciones afectaban el desarrollo de los procesos electorales, pues ahora habrían de realizarse comicios cada año.
En esas fechas, también denunciaron que los alcaldes de oposición fueron presionados para votar a favor.
El entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Carvallo Delfín, negó rotundamente dicha situación.
Además, el entonces presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Flavino Ríos Alvarado, declaró que no había argumentos para echar abajo la reforma por medio de un juicio de inconstitucionalidad.
Duarte de Ochoa, aplaudió la postura de los entonces diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sus compañeros de partido.
Sin embargo, hoy, Duarte se encuentra tras las rejas del Reclusorio Norte. Había huido a Guatemala, paro fue atrapado y ahora enfrenta la justicia en su país. Se le acusa de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Flavino Ríos también estuvo preso unos días, pero en el penal de Pacho Viejo, Coatepec. Fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y, sobre todo, por encubrimiento de Duarte, a quien había facilitado un helicóptero para su escape.
Pero la justicia se esfumó. Después de poco más de 15 días, Flavino alcanzó su libertad bajo fianza por motivos de salud.
Estos personajes, quienes han sido llamados «delincuentes» por diversos grupos sociales, heredaron dicha reforma a las nuevas generaciones.
DESASTRE FINANCIERO IMPOSIBILITÓ A EDILES
De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gerardo Libreros Cobos, el sector empresarial estaba a favor de los cuatro años en los ayuntamientos, pues los ediles contaban con un mayor plazo para generar mejores resultados en beneficio de los ciudadanos.
Pero no fue así. El desfalco financiero heredado por Duarte de Ochoa y sus empleados, imposibilitó a los presidentes municipales.
«Tuvo que ver mucho el desastre económico que hubo en Veracruz, no se pudo materializar ese beneficio (ampliación del periodo municipal), no se vieron más obras concretas, más beneficios en obra pública, alumbrado público, seguridad, en fin».
El gobierno duartista «empañó» los resultados de las administraciones municipales, donde los alcaldes han permanecido en su cargo, sin intenciones de buscar otro.
«Esto funciona siempre y cuando los alcaldes que sean electos duren en su mandato los cuatro años, que así se comprometieron, porque lamentablemente sabemos que a veces les gusta andar brincando de puestos».
A su juicio, en Xalapa no hubo muchos beneficios durante la gestión del priista Zúñiga Martínez.
«Estamos viendo que en los últimos meses hay obras por todos lados, derivado de que a lo mejor les llegó el recurso y lo tienen que ejercer antes de que salgan».
Socios de la Canaco sostuvo varias reuniones con el Presidente Municipal; sin embargo, no todos los problemas fueron solucionados.
«En algunos casos, no se llegó a concretar algo, por ejemplo, lo del comercio informal, que fue algo que batallamos mucho, lamentablemente, no se pudo erradicar esta circunstancia, que daña totalmente a lo que es el comercio forma en la ciudad, es una competencia desleal».
A casi cuatro años del gobierno priista en Xalapa, el ambulantaje continúa siendo una realidad, no sólo en el Centro Histórico, sino también, en colonias como Revolución y avenidas como Orizaba.
Américo Zúñiga no hizo valer el Reglamento de Comercio que prohíbe el ambulantaje.
ALCALDES AL SERVICIO DE SU PARTIDO
Para Libreros Cobos hubo acercamiento con el Alcalde de Xalapa y avances en algunos temas.
«El desempeño fue bueno, no podemos también criticar todo o decir que todo estuvo mal, digamos que a nivel general, estuvo bien (su gobierno)».
Sin embargo, consideró que los alcaldes dependen o están al servicio de su partido político.
En el caso de Xalapa, Zúñiga Martínez esperó hasta el último año de su gobierno para hacer un reclamo legal al gobierno estatal, en busca de que liberara los recursos pendientes.
«Lamentablemente muchos de los municipios pertenecían al mismo partido político que estaba gobernando (en Veracruz) y realmente estaban atados de manos y no ejercían ningún tipo de presión legal, ya la vivieron a ejercer hasta el final».
A su juicio, dicha postura de los ediles es incorrecta, toda vez que sus acciones deben beneficiar al pueblo y no garantizar su lugar en los organismos políticos.
«Sean del partido que sean deben de seguir los causes legales cuando algo se incumple».
Y es que Américo Zúñiga prefirió no defender los recursos públicos de los xalapeños para no entrar en conflicto con su compañero de partido Duarte de Ochoa.
Esperó hasta que el panista Yunes Linares asumió la gubernatura de Veracruz -luego de ganar la elección del año pasado-, para exigir lo que a los ciudadanos corresponde.
AMÉRICO DICE QUE SÍ CUMPLE
El Presidente Municipal de Xalapa acudió hace unos meses a una capacitación impartida por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Secretaría de Fiscalización del Congreso, para garantizar que el proceso de entrega y recepción de la administración municipal se haga conforme a la legislación vigente.
Allí, comentó a medios de comunicación locales que los municipios deben estar más preparados para presentar una adecuada rendición de cuentas, transparentar y eficientar sus responsabilidades.
«Estos cursos de capacitación del Orfis representan un extraordinario esfuerzo y ojalá todos los servidores públicos los tomemos con la seriedad que merece el estar perfectamente empapados de nuestras obligaciones y atribuciones, para hacer una entrega-recepción transparente y completamente abierta».
El edil dijo estar dispuesto a que fuesen analizados los resultados alcanzados por su administración.
«El que por primera vez, constitucionalmente, se haya llevado a cabo una administración de cuatro años, nos permite medir los beneficios de esta ampliación de plazo que buscaba atacar la curva de aprendizaje y otras deficiencias que se habían tenido», declaró al respecto.
El investigador Rafael Arias consideró más oportuno que regresen los gobiernos municipales de tres años a Veracruz y que entren en vigor las figuras jurídicas de reelección y revocación de mandato.
«Que sea el pueblo quién decida si están haciendo un buen papel o si deben abandonar el cargo», apuntó.