Entre los detenidos se encuentran empresarios de constructoras, contratistas, ingenieros, arquitectos, técnicos, capataces, dueños y gestores de los edificios.
Las autoridades turcas decretaron el ingreso de 54 personas a prisión preventiva, con el intención de continuar con la investigación que pretende buscar a responsables por el derrumbe de edificios, después de los terremotos que sacudieron a la entidad el pasado 6 de febrero.
Bekir Bozdag, Ministro de Justicia de Turquía, indicó que por el momento se investiga a un total de 245 personas sospechosas, de los cuales 54 se encuentran en prisión preventiva, 47 fueron liberados bajo control judicial y 27 están detenidos de manera provisional. Asimismo, aseguró que llegaría la justicia para quienes pudieran tener responsabilidad frente a los derrumbes.
Expertos consideran que una de las principales causantes del derrumbe de edificios fue la eliminación de muros de carga para albergar más espacio dentro de estos, situación que también fue atribuida con el sismo de Van en 2011 y el de Esmirna en 2020.
Usuarios de redes sociales denunciaron que muchos de los edificios que cayeron albergaban supermercados y bancos en la planta baja, donde aparentemente se demolieron muros de carga.
A partir de catástrofes anteriores, la legislación turca endureció las normas de construcción, en las que se estableció que las estructuras dentro de regiones sísmicas deberán de utilizar hormigón de alta calidad reforzado con barras de acero, además de que las vigas y columnas tendrán que ser distribuidas de manera que absorban eficazmente el impacto de las vibraciones de los sismos.
Sin embargo, la oposición señaló que el propio gobierno turco fomentó este fenómeno, después de lanzar en el 2018 una ley para conceder “amnistías de construcción” para edificaciones construidas sin las licencias de seguridad exigidas por el mismo gobierno turco.
De acuerdo con Pelin Pınar Giritlioğlu, responsable de la Cámara de Urbanistas de la Unión de Cámaras de Ingenieros y Arquitectos de Turquía en Estambul, al menos 75 mil edificios en la zona afectada por el último terremoto habían recibido estas amnistías.
A principios de este año, el geólogo Celal Sengor dijo que condonar legalmente estas irregularidades de construcción en un país atormentado por las fallas sísmicas corresponde a un “crímen”.
Tomado de: Aristegui Noticias.