Diputados locales del PRI y partidos afines aprobaron la reestructuración de la deuda pública, tras maratónica sesión extraordinaria los parlamentarios priista justificaron que servirá para una mayor infraestructura y para cumplir con pasivos y subsidios gubernamentales pendientes.
Con 34 votos a favor y 9 en Contra el pleno del Congreso Local avaló que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pueda contratar en un futuro inmediato financiamiento para fortalecer la hacienda y consolidar las finanzas de la entidad, según resumió la Gaceta Legislativa de este miércoles.
Para proceder al aval del dictamen se utilizaron más de 4 horas por el debate intenso entre los diputados que defendían el poder contraer nuevos empréstitos: Mariela Tovar, José Ramón Gutiérrez y Marco del Ángel y quienes se oponían a él, los panistas, Julen Rementería, Hugo Fernández y Joaquín Guzmán.
La sesión del pleno se vio aderezada por unos 300 acarreados de la organización Antorcha Campesina y empleados de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) quienes fueron llevados exprofeso para abuchear a los legisladores de oposición.
Mariela Tovar, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado dijo que esta “reestructuración de la deuda pública” permitirá consolidar las finanzas y apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer la hacienda del estado.
Agregó que la Sefiplan podrá fortalecer los ingresos del estado y usar como fuentes de pago participaciones y aportaciones de la Federación e ingresos propios.
El Dictamen incluido en la Gaceta Legislativa permitirá contratar un financiamiento de 5 mil millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Así como un segundo financiamiento de un mil 700 millones de pesos, que tendrá como fuente de pago el derecho y los ingresos de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Éste último tiene como candado, que lo que se obtenga de éste empréstito cuando sea solicitado es que deberá destinarse a inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social.
El dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, instancia dictaminadora, solo fue rubricada por los legisladores, Mariela Tovar y Adolfo Ramírez Arana, pues el panista, Julen Rementería del Puerto votó en contra.
Rementería expuso en tribuna: “No estamos en contra de los instrumentos de deuda, los créditos no son malos, el problema es como ocuparlos, y que se mienta a la gente, que se venda una ilusión, de que se va a pagar la deuda, cuando en realidad solo se va a sustituir por otra…se viene la tormenta perfecta”, dijo.
En contraste, los diputados del Partido Verde, Jesús Vázquez y de Alternativa Veracruzana, Francisco Garrido aseguraron en tribuna que el dictamen establece como destino el saneamiento financiero y de pensiones.
“Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, este Fondo debe destinarse a obras y acciones sociales enfocadas a combatir la pobreza extrema, por lo que está acorde con el Dictamen. La instancia legislativa añade que, dado que el FAIS está integrado por dos: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en este caso únicamente se alude al que corresponde al Estado”.
Otra arista más a la restructuración de la deuda, contempla que la Sefiplan podrá contratar también un crédito de hasta 15 mil millones de pesos, que tendrá como fuente de pago los ingresos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), para amortizar anticipadamente deuda pública a cargo del Gobierno del Estado y obtener mejores condiciones económicas. En Veracruz este impuesto se ajustó de 2 a 3 por ciento, con lo que se brinda mayor garantía de pago.
Conforme el saldo de la deuda pública actual se vaya liquidando, la Sefiplan podrá contratar endeudamiento por un plazo de hasta 25 años, por igual monto, que se destinará a inversiones público-productivas, la constitución de fondos de reserva, la contratación de operaciones de cobertura y el pago de gastos y comisiones generados por el diseño, instrumentación y celebración de esta operación.