El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado decidió “suspender provisionalmente” al juez Rubén Adrián Romero Maldonado por la tenue sanción en contra de Diego Cruz Alonso –uno de los sujetos que participaron en la violación de la joven Daphne Fernández, en 2015– y a quien Romero resolvió darle solo cinco años de prisión y una multa de 70 pesos, lo que le abría la puerta al sentenciado a quedar en libertad bajo fianza en una cantidad calculada en los quince mil pesos.
Hoy, a través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz notificó a Adrián Romero, juez primero de primera instancia del Distrito Judicial de Veracruz que tenía un procedimiento administrativo sancionador, derivado de la investigación oficiosa realizada por la comisión de disciplina y vigilancia del Consejo.
“Se determinó suspenderlo provisionalmente de sus funciones, hasta en tanto se dicte una resolución en el procedimiento administrativo correspondiente. De acuerdo con la investigación se analizará que el actuar del juzgador haya sido acorde con los lineamientos contenidos en la norma y que se haya juzgado con perspectiva de género”, expone el comunicado, luego de las diligencias que llevó a cabo el magistrado, Andrés Cruz Ibarra, encargado de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura.
“Si su desempeño no se hubiera apegado a la normatividad ni a las leyes vigentes, se determinará la sanción correspondiente”, expuso.
La semana anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) acusó que se trató de una sentencia blanda por parte del juez, pues por pederastia agravada –subrayó–, a Diego Alonso le correspondía una sentencia de 12 a 40 años de prisión y una multa superior a los cinco mil días de salario mínimo.
El fiscal Jorge Winckler reprochó que con la tenue sentencia se podría dar al acusado un tratamiento en libertad o semilibertad, “con derecho a la suspensión condicional por la cantidad de 15 mil pesos, significándose que los sustitutivos de la pena le serán revocados por cualquier incumplimiento por parte de éste, debiendo de ser recluido en el establecimiento penitenciario que para tal efecto designe el Poder Judicial”.
Diego Cruz fue detenido en junio de 2016 en Madrid, España, y el gobierno de México solicitó su extradición para que fuera puesto a disposición del juez tercero de primera instancia por los hechos que dieron lugar a la causa penal 83/2016.
Un mes antes fue capturado en Torreón, Coahuila, otro de los presuntos abusadores, Enrique Capitaine, luego de que estalló el escándalo de los llamados “Porkys de Costa de Oro”, cuando Javier Arturo Fernández Torres, padre de la víctima, exigió “justicia ejemplar” a la FGE y al entonces gobierno de Javier Duarte.