El gobernador Javier Duarte propuso remunerar a las personas que aporten información útil sobre algún delito
Por Fadia Moreno
El ejecutivo del estado, Javier Duarte de Ochoa envió una iniciativa de Ley a la legislatura local para que se autorice la entrega de recompensas a quienes auxilien “eficazmente” al Ministerio Público en el esclarecimiento de actividades ilícitas, en los términos y condiciones que el Procurador General de Justicia en turno determine, expone dicha iniciativa.
Este recurso –establece- que se pagará a quien la autoridad considere aporte “información útil”, relacionada con las investigaciones o colabore en la localización y detección de los responsables, para su efecto, las recompensas deberán contar con la suficiencia presupuestal destinada por el Ejecutivo.
De autorizarse, se propone modificar el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, la cual hace referencia al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que señala ante una «orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada se podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y captura”.
Medida que el diputado Fidel Robles en un medio local, menospreció por ser “una medida del viejo oeste”, además que el estado no cuenta con los recursos para cumplir con lo dicho y evidencia la incapacidad de poder resolver y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La calificó como “una ley salvaje” en la que lo único que confirmará será el uso legitimo de la fuerza “la justicia no tiene que ser de diente por diente y ojo por ojo”.
El gobierno de Javier Duarte, entre otras cosas, ha destacado por los diferentes hechos delictivos y la ineficiencia para resolverlos, entre los casos más recientes esta, la imposibilidad de dar con los secuestradores de la niña Karime y su tia; el hallazgo de narcofosas sin responsable alguno, así como los multiples casos de extorsión y secuestros aún sin resolverse.
A esto se unen casos de incidencia delictiva, como el desmantelamiento del narco rancho en el municipio de Acultzingo en el que presuntos integrantes de Los Zetas eran entrenados para cometer hechos delictivos y las balaceras en diferentes zonas del estado.
En la iniciativa de ley que hoy ingresó al Congreso Local y ya fue turnada a las comisiones de procuración de justicia, puntos constitucionales y seguridad pública no se aludió a cosas tan básicas como los montos mínimos y máximos a pagar a quienes colaboren con la PGJE, tampoco se dijo como serán los mecanismos de colaboración, ni sí se protegerá la identidad del testigo o de quien señale a presuntos culpables, tampoco se abordó una partida presupuestal anual para este tipo de figura que no estaba contemplada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.