Para especialistas en el tema, el país no cuenta con un marco regulatorio integral con perspectiva de género, mientras que colectivos feministas consideran que la práctica reproduce desigualdades sociales.
En México, se cumplen dos años del histórico fallo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que impidió prohibir la gestación subrogada para extranjeros y parejas del mismo sexo, al tiempo que pidió que se acordaran las regulaciones pertinentes. No obstante, se han dado pocos avances legislativos desde entonces.
La investigadora y catedrática de la UNAM, Eleane Proo Méndez, dijo para EFE que el país, actualmente, no cuenta con un marco regulatorio integral que ponga un orden a los procedimientos de reproducción asistida, ni desde el ámbito de la salud ni a partir de una norma oficial.
La gestión subrogada, también conocida como “gestión por contrato”, “maternidad subrogada” o “renta de úteros“, se trata de un acuerdo en el que una mujer acepta gestar un feto para una persona o pareja que buscar ser el padre o madre del producto de dicho embarazo.
En México, esta práctica es legal desde 1997 en Tabasco, y a partir de 2013 en Sinaloa. Para el 6 de junio de 2021, la SJCN avaló la gestación subrogada en todo el país, ya sea de manera gratuita o pagada, permitiendo que las parejas del mismo sexo y extranjeros pudieran participar.
El argumento principal para tomar la decisión fue que de prohibirse por completo, “se puede caer en la clandestinidad“, noción que ha sido cuestionada por diferentes colectivos, como la red feminista “Nosotras Tenemos Otros Datos”, la cual se pronunció en contra del fallo, argumentando que “los vientres de alquiler no respetan, promueven, ni garantizan los derechos humanos de las mujeres ni de las infancias”.
Asimismo, aseguraron que no prohibir esta práctica equivaldría a apoyar y reproducir las desigualdades y la violencia contra las mujeres dentro de un sistema patriarcal y capitalista. A lo que la Corte respondió que ante la falta de regulación, las partes involucradas en un procedimiento así se verían desprotegidas y vulnerables a la violación de sus derechos.
Por otro lado, la coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Verónica Esparza Pérez, indicó la urgencia de regular esta práctica en todos los estados del país. Y aunque la SJCN se encuentra a favor de regularla, sostuvo que algunos miembros han abogado porque sea “una práctica solidaria, es decir, que las mujeres gestantes no cobren”.
Lo anterior, dentro de una industria, como señaló Esparza Pérez, “que no deja de cobrar”, generando ganancias económicas de 14 mil millones de dólares durante el 2022, con un crecimiento anual del 24.5%, y beneficiando a agencias y clínicas que incluso operan en países donde esta práctica está prohibida.
En el país, la empresa New Life, una agencia de gestación subrogada en Cancún, dice en su portal que “la subrogación nunca ha estado prohibida”. Mientras, la agencia Gestación Sustituta de México sostiene que un procedimiento va de entre los 850 mil a 1.6 millones de pesos, que incluye los gastos de todo el proceso.
Para Eleane Proo Méndez, profesora de sociología de la UNAM, es importante que a la hora de determinar las regulaciones de esta práctica, se haga de manera “cuidadosa”, asegurándose que las partes cuenten con un buen asesoramiento legal y se tomen en cuenta “cuestiones relacionadas a la salud, las cesáreas innecesarias y la desigualdad económica que viven las mujeres gestantes”, dándole perspectiva de género a la legislación.
Tomado de: Aristegui Noticias.