Los trabajos de exploración en las comunidades de Actopan y Alto Lucero forman parte del proyecto Caballo Blanco, realizado a menos de 16 kilómetros de la planta de nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Las tierras de Leonardo Cervantes Gabriel fueron invadidas y una parte destrozada. Personal de una minera ingresó sin autorización y cavó dos hoyos en busca de minerales preciosos.
Su vivienda y su patrimonio se encuentran en El Porvenir, municipio de Actopan. Una zona donde desde hace años diversas empresas han pretendido emprender acciones de explotación, ante la posible existencia de oro y plata.
A sus más de 70 años, hizo uno de los peores corajes de su vida por la afectación que ocasionaron a su terreno.
Uno de sus sobrinos los vio cuando realizaban las exploraciones. Se acercó a ellos y les dijo que no podían llevar a cabo esas acciones en una propiedad privada, sin autorización.
Los empleados de la minera acataron la observación. No volvieron, pero el daño ya estaba hecho.
«No fueron para pedirme permiso, tampoco me mostraron algo que ellos le dicen estudio de suelo, pasaron los días y ya dejaron de ir. Hicieron dos hoyos porque mi sobrino les dijo que no pidieron permiso (pudieron haber hecho más)», dijo, molesto.
El señor decidió interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Jorge Winckler Ortiz.
Sin embargo, desde hace seis meses, el proceso legal está estancado y las autoridades de la fiscalía no muestran interés en la aplicación de la justicia.
PIERDEN EXPEDIENTES EN LA FGE
Pero eso no es lo peor. Varias veces acudió a las oficinas de la FGE para que le informaran sobre los avances en las investigaciones y simplemente le dijeron que no encontraban el expediente. Seguían en la búsqueda del mismo.
A su juicio, se trata de una estrategia por parte de las mismas autoridades para permitir la minería a cielo abierto.
«La denuncia es porque se metieron a mi propiedad sin permiso para hacer unos hoyos en la tierra, me dio coraje y por eso les puse la demanda. Tiene como seis meses y no aparece la denuncia».
Don Leonardo también viajó a la capital del estado junto con sus familiares para dialogar con Pedro Manterola Sáinz, subsecretario de Gobierno, quien falleció el pasado 6 de agosto por motivos de salud.
«Hablamos con el señor que se acaba de morir, vinimos aquí a palacio, don Pedro Manterola. Le platicamos el asunto, que perdieron mi escrito (denuncia), ¿usted cree que lueguito apareció el escrito?, pero luego otra vuelta y se volvió a perder».
Y es que su familia está cerca del lugar donde la minera Caballo Blanco S. A. de C. V. ha reactivado sus trabajos.
Las movilizaciones sociales habían logrado frenar el proyecto minero, a cargo de la empresa canadiense Goldgroup. Después, la empresa vendió sus acciones a una minera aún más poderosa: Gold Corp, quien a través de Minera Gavilán –subsidiaria- buscaba realizar la mina a cielo abierto en la zona de Actopan, con un nuevo nombre: El Cobre.
El proyecto ha sido muy criticado porque contempla explosivos para sus exploraciones y se encuentra relativamente cerca de la Planta Númcleoeléctrica Laguna Verde.
BOMBA DE TIEMPO
La exploración en las comunidades de Actopan y Alto Lucero forma parte del proyecto Caballo Blanco, realizado a menos de 16 kilómetros de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo anterior, rebasa el límite de seguridad para una emergencia radiológica. La cercanía de la planta nuclear representa una seria amenaza para los pobladores de los municipios de Alto Lucero y Actopan, e incluso para centros de población más alejados, pues la minería a cielo abierto requiere que se usen hasta 25 toneladas diarias de explosivos.
Claudio Garivay Orozco, investigador del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha comentado que la vegetación de la región sería devastada con el proyecto minero.
«La mina a cielo abierto produce grandes daños ambientales porque tienen que remover toda la superficie biótica, y en esta zona de Veracruz prácticamente tendrán que tumbar tres cerros y procesarlos como en una cafetera y poder extraer el material mineralizado, es por eso que lo que hay ahí va a desaparecer».
Y es que serían removidas enormes cantidades de roca y tierra en una vasta zona de aproximadamente 334 hectáreas -parte de ellas cubiertas con vegetación de selva baja y hábitat de diversas especies de flora y fauna, algunas protegidas por la norma oficia-.
Posteriormente, mediante un procedimiento de extracción sólido-líquido, conocido como lixiviación, y en el que se usará cianuro, -altamente contaminante-, serían extraídos los metales.
Integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) han protestado y manifestado su inquietud para que el gobierno frene el proyecto.
Durante el fin de semana de llevó a cabo el Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente por la Vida y el Territorio, en Tlapacoyan.
Allí, participaron ambientalistas, ecologistas, investigadores y pobladores de Actopan y Alto Lucero, en busca de alternativas para frenar nuevamente esos trabajos.
COMPLICIDAD
La minera busca obtener una ganancia de 570 millones de dólares, aunque sus labores representen un daño grave en México.
Los pobladores de Actopan y Alto Lucero han promovido denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños que han ocasionado empresas privadas a manantiales y pozos en 16 kilómetros a la redonda.
Emilio Rodríguez Almazán, miembro de Lavida, explica que las quejas fueron promovidas al detectar omisiones por parte de autoridades municipales y estatales.
«Hay una denuncia ingresada el año pasado a la Fiscalía General del Estado, en donde el compañero Leonardo de la comunidad El Porvenir denuncia a Minerals por estar en su terreno haciendo trabajos, la carpeta no avanza, se demuestra el contubernio entre las autoridades estatales y la empresa. Ingresamos otra a la Profepa, ampliamos la carpeta para dar las pruebas necesarias y esperamos que se cumpla».
La primera denuncia fue presentada en noviembre de 2016, ante la Fiscalía General del Estado, misma que no exhibe avances.
La segunda querella fue interpuesta ante la Profepa, promovida el pasado martes 16 de agosto por pobladores de Los Baños.
DEVASTACIÓN
La minería a cielo abierto devastaría al menos tres cerros en la entidad veracruzana con el proyecto Caballo Blanco.
Miembros de Lavida creen que el proyecto minero contempla la demolición de tres cerros: La Paila, La Cruz y Banderas.
Emilio Rodríguez y Guillermo Rodríguez Curiel explican que esos cerros fungen como barreras naturales anti-huracanes.
Las mineras provocarían ecocidios y daños irreversibles, afectando a especies como las cícadas, que datan de miles de años.
También habría consecuencias para la salud humana, debido a la contaminación de mantos acuíferos y cultivos, por volatilización de metales como el cianuro.
GOBERNADOR DA LA ESPALDA A AMBIENTALISTAS
A casi nueve meses del «gobierno del cambio», el Mandatario estatal no ha atendido a ambientalistas que buscan evitar la ejecución de minería a cielo abierto en Veracruz.
Guillermo Rodríguez Curiel, también integrante de Lavida, ha denunciado que los ambientalistas no han sido recibidos.
Además, el Ejecutivo estatal no ha hecho pública su postura sobre los proyectos de minería a cielo abierto.
«Yo espero que el gobernador Yunes Linares no se haga cómplice de las mineras. Lamentablemente, desde diciembre del año pasado hemos estado exigiéndole al gobierno actual que nos reciba para comentarle que no queremos a las mineras».
El Gobernador del Estado tiene atribuciones para detener dichos proyectos.
A juicio de Rodríguez Curiel, hace aproximadamente cinco años, las movilizaciones sociales y los argumentos de especialistas sobre los daños ocasionados por las mineras, generó que el gobierno detuviera los trabajos de la mina Caballo Blanco.
No obstante, en la actualidad, el proyecto ha sido reactivado.
También el ambientalista Héctor Colío subraya que el actual gobierno panista incumplió sus promesas de campaña sobre proteger a los ciudadanos, ya que está permitiendo a empresas que irrumpan en tierras y dañen casas, ríos, pozos y demás áreas naturales.
En las últimos días, las empresas mineras están irrumpiendo en predios privados para explorar y alterar el medio ambiente, sobre todo en Actopan y Alto Lucero.
Se trata de las empresas empresas Almaden Minerals y Candelaria Minning.
«¿Quién dio la orden de que las empresas se apresuraran? Parece que estaba guardada la minería abierta, creo que en el Gobierno del Estado dijeron que los dejaran pasar, el pasado gobierno no autorizó la minería abierta, la presión social o los científicos».
A su juicio, este gobierno, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, se había mostrado indeciso sobre el tema de las empresas mineras, las cuales desean explotar zonas de Actopan y Alto Lucero, cerca de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Y es que ahora la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) pareciera estar de acuerdo con los proyectos mineros.
CABALLO BLANCO, EN GACETA ECOLÓGICA
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió una solicitud para la explotación de la mina Caballo Blanco en el municipio de Alto Lucero.
Esto fue publicado en la Gaceta número 45, el jueves 17 de agosto, del año en curso. Exhibe las pretensiones de las empresas y el gobierno por ejecutar el proyecto.
En la publicación, con clave 30VE2017MO136, la minera Caballo Blanco S. A. de C. V. ingresó el proyecto «La Paila», el pasado 14 de julio.
«El proyecto consiste en la explotación a cielo abierto de minerales reservados a la federación contenidos en un yacimiento polimetálico con valores de oro y plata, así como su beneficio mediante trituración, lixiviación estática, adsorción, desorción y recuperación (ADR), comprende obras mineras tales como tajo, tepetatera, patio de lixiviación, piletas de soluciones y planta ADR, e infraestructura de apoyo como son almacenes, talleres, oficinas, laboratorio, caminos», se lee en la Gaceta.
También detalla las acciones contempladas para la explotación de la zona y las magnitudes del proyecto.
«Para efectos prácticos, los componentes del proyecto fueron agrupados en once polígonos, tres de los cuales corresponden a las obras de mayores dimensiones como son el tajo, la tepetatera y el patio de lixiviación. Además de los once polígonos, se ocupará un camino de acceso ya existente de 1.46 hectáreas, el sistema de distribución de agua, con un superficie total de 0.083 hectáreas, de las cuales solamente 0.035 hectáreas se encuentran fuera de los polígonos antes mencionados y una zona de polvorines de 0.56 hectáreas, la cual ya está construida, y fueron utilizados en la etapa de exploración a través de socavones».
Se contempla la construcción de seis socavones para llevar a cabo la explotación de la mina, proyecto que no contaba con autorizaciones de impacto ambiental.
«De la superficie total del proyecto, es decir, de las 361.85 hectáreas, la superficie que requerirá de cambio de uso de suelo en terrenos forestales será de 221.8 hectáreas, en donde se desarrolla vegetación de bosque de encinos, selva baja caducifolia, y vegetación secundaria de selva baja caducifolia”.
Sin embargo, la gente está dispuesta a defender sus tierras de la forma que sea necesario, pues las leyes y las autoridades parecieran favorecer a las empresas transnacionales y no al pueblo.