POR ROSALÍA HERNÁNDEZ
Lejos de aliviar la carga de violencia contra de periodistas y defensores de derechos humanos, el mecanismo gubernamental especializado, dotado con presupuesto millonario, ha dejado en el limbo más de 100 denuncias; el órgano dirigido por un puñado de inexpertos tiene una denuncia ante la CNDH por tratos violatorios a ex trabajadores
Por el pájaro enjaulado, /por el pez en la pecera, /por mi amigo que está preso, /porque ha dicho lo que piensa. /Por las flores arrancadas, /por la hierba pisoteada, /por los árboles podados, /por los cuerpos torturados: /YO TE NOMBRO, LIBERTAD.
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CONTINÚAN AGRESIONES; 13 ESTADOS SON EL BLANCO |
| Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Guerrero comparten un incremento exponencial en la violencia contra periodistas que incluye asesinatos, desapariciones, exilios, golpes y ataques a medios con explosivos.
“Veracruz, Chihuahua y Guerrero, sumaron 23 de los 48 asesinatos de periodistas que las organizaciones civiles lograron documentar en la administración de Felipe Calderón. En tanto que Michoacán, Veracruz y Tamaulipas suman 10 de los 16 periodistas desaparecidos”. “En ocho estados –Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo–ha habido atentados con armas de fuego y explosivos contra medios de comunicación. Las agresiones contra los medios de información han derivado en siete modalidades: ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder, desapariciones de periodistas, periodistas desplazados u obligados al exilio por amenazas directas en su contra. Autocensura e infiltración de las bandas delictivas en las redacciones, asesinatos y desapariciones de mujeres periodistas, ataques a usuarios de redes sociales que difunden información de la violencia y una forma cruel de agresiones que busca provocar miedo en otros periodistas |
Ser periodista o defensor de derechos humanos en México implica un riesgo latente de muerte. Cada 28 horas uno es agredido. Pese a la creación de organizaciones y de un Mecanismo de Protección implementado a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, la espiral de violencia e impunidad crece en el país.
En lo que va del 2014, se ha documentado 201 agresiones a periodistas en 21 de los 32 estados. En los últimos 20 meses, 11 periodistas fueron asesinados en nueve entidades: dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuahua.
Estas cifras evidencian el fracaso del “Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” creado ante el alarmante número de ataques a la prensa y contra activistas, el cual ha dejado en el limbo a más de 110 víctimas de amenazas de muerte, golpes, levantones.
“De las 110 solicitudes de protección, la mayoría se han incumplido al no aplicarse el artículo 83, 90 y 91 del reglamento que instruye una reacción inmediata de máximo tres horas para determinar la modalidad del caso como extraordinario u ordinario”, señala el Tribunal Permanente de los Pueblos –Capítulo México, “Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores”.
EL ORIGEN
Ante la presión internacional y por la labor de la sociedad civil organizada para que México abatiera los ataques y amenazas se promulgó la Ley de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en junio de 2012 con un reglamento en el que las autoridades federales, estatales y municipales debían regir su actuación.
Así surgió el “Mecanismo de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” con un presupuesto de 191 millones de pesos. 150 millones para la implementación de Medidas de Prevención, Protección y las Urgentes y 41 millones de pesos para que en la transición de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto no hubiese pretexto burocrático.
MECANISMO FALLIDO E INCREMENTO DE LA VIOLENCIA
A dos años de su creación nada de esto se ha cumplido. Hay indicadores que revelan el incremento de agresiones y amenazas que ponen en peligro la integridad física, financiera y moral de los periodistas. Los principales responsables son los agentes del Estado, seguidos de la delincuencia organizada.
“En más de la mitad de los casos registrados por todas las organizaciones de defensa de libertad de expresión, los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes del Estado (militares, policías, políticos locales), mientras que en el 13 por ciento de los casos las agresiones provienen de la delincuencia organizada”, de acuerdo con el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.
A partir del 1º de diciembre de 2012, el sitio web Periodistas en Riesgo: https://periodistasenriesgo.crowdmap.com ha registrado más de 190 reportes de incidentes en que periodistas y blogueros de México fueron agredidos.
Este sitio virtual es una base de datos pública, que comenzó a funcionar al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto (cuando se implementó el Mecanismo de Protección) y –hasta ahora– de los incidentes denunciados, las agresiones a periodistas más comunes son las amenazas, los golpes, el robo o destrucción de equipo, los ataques verbales y la detención arbitraria.
En número le siguen los ataques a instalaciones de medios, la tortura, los homicidios, los secuestros y las campañas de desprestigio. También se dan, aunque con menor frecuencia, acoso legal, desaparición, espionaje, agresiones digitales y cobertura forzada.
MECANISMO SIN PERFIL
El Mecanismo de Protección tiene otro problema estructural; los funcionarios que lo integran, encabezados por la nueva subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García, no cumplen con el perfil aprobado que se basa en expertise en materia de derechos humanos y análisis de riesgo.
“El instrumento para evaluar y cuantificar el nivel de riesgo de los periodistas, no ha sido perfeccionado y su aplicación recae en inexpertos funcionarios y personal con pocas competencias sobre seguridad y riesgos”, señala el documento emitido por el Tribunal Permanente de los Pueblos –Capítulo México, “Audiencia de Desinformación, Censura y Violencia contra Comunicadores”.
En octubre de 2011, Artículo 19 presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reporte sobre los compromisos incumplidos por el Estado mexicano en el diseño de un mecanismo efectivo de protección a periodistas.
Actualmente el Mecanismo opera con nueve funcionarios y diez comisionados, sin poderse consolidar un equipo con experiencia para proteger a periodistas en México. Inclusive, el organismo tiene una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuesta por ex trabajadores y funcionarios del Mecanismo por horarios y cargas excesivas, tratos violatorios de derechos, discriminación y acoso.
Precisamente por incumplimiento del reglamento y acumulación de errores que han recolocado en vulnerabilidad a los periodistas que se acercan al mecanismo para obtener protección, en abril de 2014 los representantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y periodistas, se retiraron de la Junta tras advertir en reiteradas ocasiones las fallas estructurales y operativas.
La organización internacional Artículo 19 ha documentado 79 asesinatos de periodistas en México, aunado a 18 periodistas desaparecidos y una cantidad que no posible de cuantificar de periodistas desplazados y obligados al exilio por amenazas en su contra.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de contar con un presupuesto millonario y obligado por ley a atender de manera inmediata los casos de riesgo, ha dejado en el limbo la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
“Quienes matan a los periodistas y quienes permiten que los maten, saben que esos crímenes van a quedar impunes… es igual de asesino el criminal que dispara contra un periodista o que lo secuestra, que el gobierno que lo permite”, señala la comunicadora Anabel Hernández, amenazada de muerte por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
ZONAS DE SILENCIO FORZADO
En 21 de las 32 entidades de la República se han denunciado incidentes que involucran golpes, robo, amenazas, destrucción de equipo y amenazas en contra de periodistas mientras realizan su labor o como represalia a sus publicaciones, principalmente en el centro-sur del país.
“Las amenazas a periodistas se presentan como una primera agresión que generalmente precede a otra más grave. Sin embargo, en México nos enfrentamos a una cultura de la no denuncia y de la trivialización de la violencia psicológica, lo que deriva en la falta de prevención de las agresiones graves.
Otro factor importante que imposibilita la denuncia de las amenazas es la censura interna que las empresas de comunicación ejercen en contra de sus empleados.
INVESTIGACIONES EN EL LIMBO
En todos los casos, las investigaciones “reposan en un limbo jurídico”, según Artículo 19: no se cierran pero tampoco avanzan y los Ministerios Públicos traspasan la responsabilidad de aportar pruebas a familiares y colegas.
Frente a esa situación, muchos periodistas han optado por el silencio o el exilio.
Artículo 19 tiene registrados 18 comunicadores de provincia que llegaron a la Ciudad de México en 2012 por razones de seguridad, pero la cifra podría ser mayor, de acuerdo con el Oficial de Protección y Seguridad de la organización defensora de periodistas, Ricardo González: “Siempre que vamos a los estados nos enteramos de casos de gente que salió en total anonimato, hay una cifra negra”.
La mayoría de colegas huyó de Veracruz. También de Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca.
“Cada vez que se atenta contra un periodista o un medio, se atenta contra la población y contra su derecho a la información… si matan a los periodistas y la sociedad no protesta, aniquila su derecho a la información y lo que quedará es la condena a la sociedad a vivir en el desgobierno, la soledad y el desamparo e impunidad”, señaló Anabel Hernández.