Familiares de diversos colectivos de desaparecidos en Veracruz se quejaron ante el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y el Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz que solo aplican una política de “simulación” en la búsqueda e identificación de los más de dos mil 400 desaparecidos en Veracruz, cifra oficial que maneja el gobierno del panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares.
En la segunda reunión con Campa Cifrián –desde que prometió que en seis meses habría resultados importantes en identificación de cuerpos en las narcofosas de Veracruz- los colectivos le reprocharon a autoridades federales y estatales que al día de hoy solo se han identificado a dos cuerpos del narcocementerio de Colinas de Santa Fe, donde al día de hoy han sido extraídos más de 300 cráneos y 17 mil restos óseos.
En una reunión previa, la diputada local panista, Maryjose Gamboa quien preside la comisión especial para personas desaparecidas en Veracruz aseguró que en seis meses de la nueva administración estatal ya se han logrado identificar a 17 personas de distintas exhumaciones clandestinas o de restos óseos que aguardaban en algún Servicio Médico Forense de Veracruz.
Gamboa criticó que ante el cúmulo de casos que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) son los propios ayuntamientos de Veracruz quienes han “entrampado” y “entorpecido” el avance diligencial en la identificación de cuerpos, la legisladora panista puso de ejemplo, que la Fiscalía y Servicios Periciales del Estado requiere de “panteones ministeriales” en diversas regiones de Veracruz, por lo cual los municipios tienen que donar terrenos de una hectárea.
“Él único que me ha contestado positivamente fue el alcalde priista de Xalapa (Américo Zúñiga), el de Córdoba, el panista, Tomas Ríos, me dijo que no tenía terreno para donarnos, el de Veracruz, el priista, Ramón Poo nos contestó que no sabía que había muchos desaparecidos en Veracruz; y al día de hoy, otros ayuntamientos como Coatzacoalcos, Cosamaloapan, entre otros, ni siquiera han tenido la delicadeza de contestarnos”, fustigó.
Previó a la reunión privada con Roberto Campa, Lucia Díaz, vocera del Colectivo Solecito se quejó que autoridades locales solo “simulan reuniones” con los 17 Colectivos en Búsqueda de Desaparecidos, para alterar las cifras de personas desaparecidas.
“La Fiscalía tiene un severo rezago de restos humanos en el Servicio Médico Forense (Semefo) ante la falta de un panteón municipal, tienen un problema severo y no lo están encarando», reprochó.
Díaz reprochó que en Veracruz se está recurriendo a dejar los restos en los predios dónde se encuentran, ocasionando que se dañe severamente el ADN. Yo no sé cómo ellos pueden decir que ya se ha resuelto el problema de resguardo de restos, cuando no lo están resolviendo».
La Fiscalía General del Estafo de Veracruz (FGE) a través de la Unidad Especializada en Combare al Secuestro (UECS), exhumó los cuerpos de cinco personas que presuntamente habrían sido privados de su libertad, quienes fueron hallados en un cementerio clandestino en Cuautlapan, municipio de Ixtaczoquitlan.
En este predio, las autoridades hallaron indicios de otras personas inhumadas de manera clandestina, sin embargo, la orden del juez se limitaba a cierto límite de terreno y únicamente abarcó para exhumar cinco cuerpos.
La misma situación ha ocurrido en Tihuatlan, dentro de un predio conocido como La Gallera.
Lucía Henao, explicó que además de Colinas de Santa Fe -ubicado en la zona Norte del Puerto de Veracruz- existen cementerios clandestinos en Córdoba, Arbolillo, Coatzacoalcos: «son aproximadamente siete puntos por explorar».
Cifras oficiales de la FGE dan cuenta de que durante el sexenio de Duarte fueron encontradas 43 fosas clandestinas en igual número de municipios, lo que orillo a que en planchas del forense se acumularan más de 300 cuerpos sin identificar.
Para la legisladora, Maryjose Gamboa, los conflictos de la FGE y de la dilatación en la identificación de cuerpos, pasan por un tema presupuestal, por lo que se espera que en el próximo ejercicio presupuestal se puedan etiquetar 20 millones de pesos enfocados única y exclusivamente a trabajos, diligencias y compra de instrumentos relacionados con la búsqueda de desaparecidos.