PILAR RAMÍREZ
Violencia invisible
De acuerdo con una investigación realizada por la agencia Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) en los últimos diez años se han registrado 94 ataques contra comunicadoras. Las agresiones tienen grados diferentes, van desde el acoso o la amenaza hasta la muerte. Según Reporteros sin Fronteras, México ocupa el lugar 152, entre 180, en la clasificación mundial de libertad de prensa.
Ante la gravedad del asunto, varias organizaciones, como Artículo 19, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas en México, CIMAC y el Centro Nacional de Comunicación Social han hecho un llamado al Estado mexicano para que salvaguarde la vida de las mujeres periodistas y garantice el ejercicio de su labor en condiciones de seguridad.
Las razones de la agresión son diversas, en algunos casos se trata de mujeres periodistas que sólo por el hecho de reportar situaciones críticas de determinados grupos sociales se convierten en una amenaza tanto para las instituciones como para los grupos delincuenciales, en otros, cuando las mujeres periodistas asumen un compromiso con la visión de género, igualmente son mal vistas, porque en una sociedad donde constantemente se vulneran los derechos femeninos, el hecho de visibilizar esta problemática convierte a estas mujeres en una incomodidad que algunos deciden eliminar con agresiones desde leves hasta graves.
El ataque sexual o el hostigamiento son comunes para agredir a mujeres. Los balazos, levantones, desapariciones forzadas, golpes y amenazas se han utilizado frecuentemente contra comunicadoras, así como las llamadas a celular para intimidar, para hacerles saber que están vigiladas.
Sin duda, estas agresiones son las más preocupantes, por el nivel de violencia y porque van en aumento. Estos delitos contra las comunicadoras representan, por la impunidad que prevalece en muchísimos de esos casos, una violencia de tipo social. Callar a una para callar a muchos.
En otra franja quizá menos extrema, pero también más común, se encuentra otro tipo de violencia contra las mujeres periodistas; algo que se podría denominar acoso institucional o, como le han llamado algunas organizaciones, censura indirecta, que no está tipificada como delito y tampoco existen protocolos para determinarla.
Quienes escriben, sobre todo en los géneros de opinión, es común que dividan su vida laboral entre los medios y dependencias públicas o particulares. Allí, resulta frecuente que se utilicen los recursos institucionales para presionar o acosar. Nunca se declara abiertamente que se debe a lo que escriben, pero la aclaración sale sobrando. Para castigar se eleva la exigencia, se impone una vigilancia extrema sobre horarios y se utilizan los recursos procedimentales administrativos que afecten ingresos o desempeño laboral, bloqueando cualquier intento de desarrollo profesional o de mejora salarial. Una especie de guerra de baja intensidad, una violencia invisible.
Este tipo de censura indirecta la ejercen funcionarios medios o por encargo de otros de mayor rango. A veces, la labor periodística ni siquiera se acerca a la denuncia, sólo al análisis de ciertas problemáticas, pero los funcionarios no soportan nada que huela a crítica y menos tener en sus filas a alguien que los pudiera hacer “quedar mal”, de modo que echan mano de todos los recursos institucionales que les es posible para tratar de acallar, ya no digamos una labor periodística peligrosa sino simplemente una que no les gusta.
¿Qué pueden esperar las periodistas, si se ha convertido en lugar común que los directivos vigilen la actividad de sus subalternos en las redes sociales aunque éstos no se dediquen a tareas periodísticas?
Hacen falta medidas eficientes para proteger y resarcir a las mujeres periodistas agredidas, tanto como definiciones legales para evitar el acoso, los malos modos, la presión cotidiana y la violencia invisible contra muchas otras.
ramirezmorales.pilar@gmail.com