JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
El año pasado se descubrieron dos mil 163 tomas clandestinas para el robo de combustible de Pemex. Significa que ha habido un crecimiento, no en el robo de gasolina, que nadie sabe exactamente a cuánto asciende, sino en el descubrimiento de tomas clandestinas, de mil 493 por ciento en los últimos nueve años. Son cantidades formidables y constituyen una de las mayores mermas que tiene Pemex en su accionar cotidiano.
La mayor parte de las tomas clandestinas se han detectado en Tamaulipas: el año pasado casi 400. El crimen organizado en la región se financia del robo y la comercialización de combustible, mucho más que de sus otras actividades, desde el secuestro hasta la extorsión. Cerrar la llave de ese financiamiento es clave para las autoridades, como lo fue en Michoacán cerrar el flujo de recursos que provenía de la explotación y exportación de mineral de hierro por parte de Los Templarios.
Los daños que causa este tipo de explotación son enormes: por supuesto económicos, pero también sociales y ecológicos. Los derrames provocados por las tomas clandestinas están asolando muchas regiones del país y se repiten en todos los estados, el más reciente en Nuevo León, pero también en Jalisco, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Tabasco, en Puebla, en Sinaloa, en prácticamente todos los estados ha habido derrames y accidentes, de mayor o menor gravedad. El más grave, sin duda, la explosión en San Martín Texmelucan, en Puebla, que dejó decenas de muertos y heridos.
La Gendarmería tendrá en esa labor, por lo menos en Tamaulipas, una de sus primeras responsabilidades, pero en esa lucha participan también el Ejército, la Marina y las emergentes fuerzas de seguridad locales. Pero aún se está muy lejos de haber cortado el flujo de recursos provenientes del robo de gasolinas. Para ello se deben descubrir las tomas clandestinas, pero también a sus consumidores, que en ocasiones son simples conductores, pero en otros se trata de empresas importantes y establecidas. Si se roban miles, posiblemente millones de litros de gasolina, alguien los comercializa, pero también alguien los compra y los utiliza. Y eso incluye desde ciertas gasolineras hasta empresas productivas. Ese es el círculo que se debe romper para acabar con una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, por lo menos en todo el Golfo de México.
Pero también se debe acabar con esa práctica porque pocas son tan nocivas para el medio ambiente: los derrames, como decíamos son continuos, la gente que vive cerca de las tomas clandestinas está en peligro, la calidad de vida se deteriora. El tema es preocupante porque los derrames se han generalizado y los daños de todo tipo crecen. Y van de la mano con una creciente abandono de cuidados de empresas que tampoco están haciendo algo por cuidar su entorno. Los casos de la minera de Cananea o de la laguna de Cajititlán, en Jalisco, donde esta semana se recogieron 82 toneladas de peces muertos por la contaminación de sus aguas (que los pobladores atribuyen a una empresa tequilera) son los ejemplos mayores de un fenómeno que se repite cotidianamente.
Los círculos se deben cerrar: las tomas clandestinas deben ser erradicadas para evitar un robo a la nación. Los delincuentes que viven de ese robo deben ser perseguidos y encarcelados, pero también tienen que ser castigados quienes se aprovechan de él y lo explotan en su beneficio. Pero también el círculo se debe cerrar para evitar daños ecológicos cada día más frecuentes y para romper con otra cultura, la que cree que todo está permitido, sea utilizar gasolina robada de ductos clandestinos o verter sus desechos en cauces de ríos o lagunas. En última instancia se trata de romper con una cultura de la impunidad que termina siendo, en éste y en muchos otros ámbitos, el mayor problema real que tenemos en el país.