Incorrecto amparo otorgado a Diego Cruz, Fiscalia tendrá que robustecer pruebas en caso de los Porkys

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Foto: Carol Suárez
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe tomar cartas en el asunto del amparo obtenido por Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los jóvenes acusado de violar sexualmente a «Daphne» en el municipio de Boca del Río y conocido en la opinión pública como integrante de la banda de «Los Porkys».
Álvarez Peña señaló que Fiscalia tendrá que robustecer las pruebas en contra de Cruz Alonso, para evitar que este quede en la antesala de la liberación.
Álvarez Peña soslayo los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) tomaron la «decisión correcta» de ordenar prisión a Diego Cruz, sin embargo un amparo otorgado por un juez federal apreció lo contrario.
«Creemos que esto no fue correcto (el amparo). Respetamos la decisión de un juez federal, y se acata, pero otorgar amparo a este joven acusado, se violan los derechos de la víctima», dijo Edel Álvarez.
Detalló que en los siguientes días, será la Fiscalía General del Estado quien se aboque a reforzar las pruebas de descargo.
En otro tema, Edel Alvarez confirmó que se han pagado casi 290 millones de pesos de adeudos al Instituto de Pensiones del Estado.
Apenas este viernes realizaron transferencias por 152 millones, 789 mil pesos.
«Con lo cual el Poder Judicial del Estado de Veracruz está al corriente con los pagos pendientes hasta la fecha»
Fue el director general de Administración del Consejo de la Judicatura, Humberto Rodríguez Losilla, fue el encargado de notificar el pago al director general del Instituto de Pensiones del Estado, doctor Hilario Barcelata Chávez.
Los movimientos bancarios realizados corresponden al periodo comprendido de la primera quincena de mayo del año 2015 a la primera quincena de marzo del año 2017, por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos en términos de la Ley del IPE.
Con lo anterior, Álvarez Peña cumple los lineamientos económicos de su programa de trabajo, para cubrir los pagos a pensionados y restablecer los beneficios que por ley tienen derecho los trabajadores del Poder Judicial.