En las próximas horas o días, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez presentará en sociedad -en la Sala de Banderas, donde rinde su propia versión de la “mañanera”- la nueva iniciativa de ley que sustituya a la de Ultrajes a la Autoridad y que dicho en sus propias palabras, dé garantías de seguridad, protección y justicia a los cuerpos policíacos de la entidad y ya de paso, a los veracruzanos.
La nueva ley, adelantó el inquilino sexenal morenista, podría llevar por nombre algo parecido a “por agresión violenta”. Es decir, una nueva iniciativa “bien redactada” -dixit el ingeniero y profesor universitario- que blinde a los policías veracruzanos de la delincuencia organizada, que no sea susceptible de cometer tropelías entre la ciudadanía común y corriente y que ya de paso sea avalada en el altiplano judicial.
Y es que después del “revés” que le otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declarar “inconstitucional” la Reforma al artículo 331 del Código Penal que sanciona “acciones” que se realicen por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima o a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto del estado o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja, los asesores del 1 y 2 del Palacio de Gobierno tendrán que trabajar a “marchas forzadas”, horas extras y con toda la materia gris concentrada en “arrastrar el lápiz” para una redacción coherente, contundente, eficaz, pero sobre todo -repitan tres veces después de mí- constitucional.
Y es que, un verdadero ridículo cometieron el domingo pasado por la tarde, los representantes populares del Congreso Local al juzgar pertinente conservar el delito de Ultrajes a la Autoridad en la ley penal estatal, en razón -alegaron, dictaminaron y votaron- de proteger el orden público y no representar una carga arbitraria y desmedida para los gobernados.
Dícese al calce: “Toda vez que, cada que se haga imperar el orden público por sobre los derechos e intereses particulares, las autoridades deben ajustar su actuación a la norma, dado que el Constituyente federal ha previsto los principios de certeza jurídica y legalidad, en beneficio de las personas, en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna”.
Sesión dominical, que fue una “cachetada” para el día de asueto familiar para el diputado mandilón; interrumpe tertulia y borrachera para el legislador bohemio; rompe noviazgo para la diputada que tenga en “secreto de amor” al “peor es nadie” en su distrito y que al final del día todos esos esfuerzos resultaron en vano, pues el Ministro de la SCJN, Mario Pardo Rebolledo señaló como “irrelevante”, la “derogación parcial” del artículo 331 del Código Penal votada virtualmente por el Congreso Local.
Y es que nuestros bien “pagados” y “bonificados” diputados locales, y en su momento la máxima autoridad del estado y los máximos titulares del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) olvidaron estos “pequeñísimos” detalles jurídicos y respetuosos de las garantías individuales.
Cómo, por ejemplo: Las excusas legislativas vacuas actuales, en donde como la derogación vino desde origen, es decir del párrafo primero del artículo 331, se les hizo fácil -como ley política de vida- echarle la culpa a una legislatura de hace casi 20 y 10 años atrás.
Lo cual -decían en mi barrio- nomás fue echarle más leña al fuego atizado por los senadores de oposición y el propio Ricardo Monreal, por el escrutinio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la opinión pública y las barras de abogados.
Yerros legislativos, cuando no supieron interpretar, masticar, googlear, orientar, preguntar, asesorar sobre esa “cosita” jurídica llamada “taxatividad” y que dio pie al revés de la SCJN, ministros que en sus adentros se han de ver reído a carcajadas de la ambigüedad del Código Penal veracruzano que nos rigió de marzo del 2021 a febrero del 2022.
Ya encarrerados, aquellos que presumen que están transformando Veracruz, omitieron reparar en que su arduo trabajo en las modificaciones y adiciones al código penal recién revirado atentaba flagrantemente -señores diputados busquen en la ley el significado de la palabra flagrante- contra la libertad de expresión. Libertad periodística, ideológica -de quienes piensan distinto a ellos- y sí claro cómo no, ciudadana.
Me lo decía un amigo que conoce mucho de derecho: Actualmente, este régimen gubernamental piensa que la Ley, las leyes que nos rigen, sólo requieren refacción, es algo poco prudente y en un sentido estricto hasta vago. Entiéndase “vago” como algo difuso, ambiguo, poco claro, no “vago”, como el arte de cobrar y no hacer mucho, como lo hacen los asesores jurídicos gubernamentales del actual Palacio de Gobierno.
En estas horas, días, noches y madrugadas que corren, los abogados que hicieron el último Código Penal, los que recibieron el mazazo de la Suprema Corte y quienes entiendo ya habrán sido reprendidos en privado por quien gobierna Veracruz, tendrán que pensar en un código penal y una iniciativa de ley con una perfección casi matemática, pensando una y otra vez, en que, desde ahora, quieran o no, volverán a estar en la mira de los ministros de la corte.
Qué necesidad hay, que, desde la Ciudad de México, los ministros le apliquen un nuevo ultraje a sus ultrajes.
@zavaleta_noe