La historia del constitucionalismo enseña que los parlamentos surgieron para ser un contrapeso frente al absolutismo de las monarquías. Sin desconocer la función que en algunas épocas tuvo el Senado romano, fue en 1215 cuando se impuso al rey la llamada “Carta Magna”, dando origen al Parlamento inglés y a la tarea de elaborar las leyes que equilibraran los excesos autocráticos.
Con posterioridad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa reconoció que la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación y que la ley es expresión de la voluntad de ella: “Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes”. Es decir, se estableció que la tarea legislativa es una expresión de la democracia y de la representación popular.
La razón de la existencia y funcionamiento de los parlamentos es reunir —en un mismo tiempo y espacio— a representantes populares de todas las corrientes del pensamiento para que debatan, confronten ideas y lleguen a consensos para emitir leyes que regularán la vida de la sociedad que representan. No deben ser arenas de lucha fratricida ni campos de batalla fatal entre enemigos.
En la actualidad, la idea de la democracia es el gobierno de las mayorías, pero respetando los derechos de las minorías. Un Poder Legislativo moderno debe representar la pluralidad y la diversidad características de la sociedad; ser responsable por sus acciones y constituir un espacio público dispuesto al escrutinio y la participación de la sociedad.
Hoy, la responsabilidad de los legisladores es tan importante como intrincada. Los parlamentos no deben dejar de mantener —bajo un constante escrutinio— las políticas y actuaciones del Poder Ejecutivo, para cumplir con su función de servir como un contrapeso a cualquier exceso en el ejercicio del poder.
Al mismo tiempo, no deben olvidar su responsabilidad de crear el marco jurídico sobre el que habrán de actuar el resto de los actores de nuestro sistema, pero respetando siempre los límites que establecen la Constitución y los tratados internacionales, a los cuales de manera soberana se ha adherido el Estado mexicano.
Por todo lo anterior, debemos preocuparnos de que existan aquellos casos en los que se legisla de manera tan rápida, sin dejar espacio a la reflexión, discusión y mucho menos al consenso.
Resulta lamentable que antes de finalizar el último periodo ordinario de sesiones del Congreso general, se estén aprobando reformas —como a la Ley de Amparo— sin escuchar a los expertos en la materia y careciendo de una sólida argumentación y fundamentación jurídica, cuya consecuencia inevitable será que la validez y constitucionalidad de estas normas, terminará siendo decidida por el Poder Judicial, incrementando así la confrontación entre los Poderes de la Federación.
Conviene recordar que quienes detentan las mayorías representativas, tienen la oportunidad de mandar, pues de esa manera se materializa la preferencia que en las urnas la población manifestó. Sin embargo, el quehacer de los legisladores debe estar caracterizado por la reflexión, discusión y obtención de acuerdos políticos.
La vida en democracia exige el respeto de las decisiones de la mayoría; la observancia del marco constitucional, así como también la convivencia y tolerancia a los derechos de las minorías, pues la pluralidad es un rasgo esencial del Estado democrático. En el ejercicio de lo anterior, reside la evolución y fortaleza de la vida republicana.
Como Corolario, la frase de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.