El gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa podría ser cesado del cargo y consignado a un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación ordenó al Ejecutivo estatal el cumplimiento inmediato de la reinstalación de dos trabajadoras que fueron despedidas del Congreso del Estado y el pago de casi 7 millones de pesos correspondientes a salarios caídos.
Sin embargo, la sentencia de amparo no ha sido acatada por el mandatario estatal, por lo que estaría incurriendo en un delito federal.
Así lo dio a conocer el abogado del caso, Juan José Llanes Gil del Ángel, quien además explicó que una vez emitida la notificación se le dará un plazo de tres días al mandatario estatal para dar cumplimiento a lo mencionado.
“El Gobernador del Estado argumentó que no podía obligársele a la reinstalación y pago de las trabajadoras, el Congreso del Estado argumentó que el juez de distrito no podría vincularse al cumplimiento de la sentencia de amparo. Al resolver dichos recursos por unanimidad, los tres magistrados del Tribunal federal determinaron que el Gobernador está obligado a ello”, expresó.
Lo anterior, dijo, conforme a lo establecido en la Ley de Bienes del Estado. Además, detalló que antes de vincular al Congreso del Estado al cumplimiento de la sentencia de amparo debe agotarse el requerimiento al Gobernador del Estado.
“En tales condiciones, devuelto que sea el asunto al juez segundo de distrito, éste deberá requerir de nueva cuenta al gobernador del estado con la misma advertencia, que de no dar cumplimiento con lo ordenado puede ser separado de su cargo y consignado a un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo”, destacó Llanes Gil del Ángel.
Instó al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo a suprimir su actitud de estridente y contumaz que sólo pone en evidencia su falta de voluntad por cumplir los fallos judiciales.
“Actitud que lesiona no solo a las trabajadoras afectadas sino al Estado de Derecho, de tal manera que con este fallo del Tribunal Colegiado consideramos que queda claro, que no importa si es el Gobernador o quién la ley debe de cumplirse”, culminó el abogado del caso.