En México tenemos una quimera por sistema electoral. Sin duda alguna, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad principal, que tiene a su cargo la organización de elecciones federales y, desde 2014, algunas cuestiones de las elecciones locales. En segundo plano están los OPLEs, los institutos estatales que organizan las elecciones locales junto con el INE. Esto hace que México tenga un sistema como ningún otro, ya que la mayoría de los países opta por tener una sola autoridad para organizar un tipo de elección.
Como algunas otras tareas del estado, la organización de elecciones se ha vuelto cada vez más centralista en nuestro país. Antes, cada estado era responsable de integrar su propio instituto electoral. Sin embargo, la reforma de 2014 cambió ese esquema por uno donde el INE es quien integra estos órganos estatales. Lo cual significa que ahora los órganos estatales tienen que responder a un órgano central, a la par de operar bajo un contexto social y político local.
Esta fórmula busca resolver un problema que hemos arrastrado en nuestra historia como país: consolidar un verdadero sistema democrático. El nivel de intromisión que cometían algunos actores políticos locales sobre las elecciones de sus estados, y sobre las decisiones propias de los árbitros electorales. suscitaba duda acerca de la veracidad de los resultados comiciales. En un nivel muy básico, no podíamos siquiera garantizar elecciones competitivas y libres. Mucho menos podíamos continuar trabajando hacia la creación de una sociedad más justa y equitativa, en donde no se presenten los altos niveles de violencia que vemos hoy en el día a día.
En 2014 vimos un cambio de estrategia. En vez de dejar que los estados tuvieran reino libre para nombrar a sus árbitros y normar su funcionamiento, se creó el Sistema Nacional Electoral con las características que he mencionado. Con esta nueva fórmula se buscó que todas las elecciones en México tuvieran la misma base de reglas y cumplieran con los mismos estándares de calidad. El INE ahora tiene el poder de regular procesos electorales, e inclusive asumir la responsabilidad de organizar una elección local totalmente por su cuenta si considera que el OPLE no puede garantizar una elección íntegra.
A pesar del nuevo modelo, la persistencia de ciertos actores locales por inferir en asuntos electorales de forma indebida ha llevado a que se cuestione el futuro del Sistema Nacional Electoral. Este ha probado contar con varias áreas de oportunidad, tales como la duplicidad de funciones entre los OPLEs y el INE, la continua violencia política, y sobre todo el alto costo de las elecciones en nuestro país. Todo esto me ha llevado a plantear una alternativa que pudiera atender estos temas: la creación de una sola autoridad electoral en México. No más OPLEs e INE, solamente se quedaría uno a cargo de todas las elecciones.
Discutí los posibles beneficios y retos de esta propuesta en un foro que llevó a cabo la Cámara de Diputados el 18 de junio de 2019. Allí expresé la necesidad de repensar diversos aspectos de nuestro sistema, a efecto de simplificarlo y generar elecciones más transparentes, eficientes y económicas. Tomando en cuenta los retos que persisten a nivel local, considero que una autoridad única sería más capaz de garantizar una verdadera autonomía y hacerse de los recursos que ha construido el INE a lo largo de las últimas décadas para fomentar la profesionalización del servicio electoral.
En nuestro continente, existen ejemplos de países que han optado por modificaciones a su sistema electoral que ha resultado en mayor eficacia y consolidación democrática. Particularmente, me gustaría explorar el caso de Brasil, ya que al ser un país con población y territorio mayores al de México, ha implementado un modelo de autoridad electoral única para las elecciones en todos los niveles de gobierno.
Es importante notar que México y Brasil conciben a los municipios como entidades sumamente distintas. Mientras que en nuestro país los municipios son creados y regulados a partir de las constituciones estatales, la constitución federal brasileña establece una base importante de la estructura orgánica para todos sus municipios[i]. Visto de otra forma, en el modelo brasileño, el municipio es visto como parte de la federación, a la par de los estados y no completamente subyugado a estos.
La principal ventaja de este modelo en lo que concierne al sistema electoral es que permite una articulación de recursos para obtener mayor eficiencia y uniformidad. En el país sudamericano, las elecciones cuentan con un solo calendario y una sola autoridad, el Tribunal Superior Electoral, a cargo de su organización. En Brasil no solo no existen institutos estatales, sino que aparte no existe un INE como tal, siendo el propio Tribunal quien asume las tareas que aquí haría una autoridad administrativa.
Por contraste, México ha generado un marco legal complejo que varía levemente de estado a estado. Cuando los estados tuvieron que adaptar sus leyes estatales al nuevo marco legal federal, hubo diversas cuestiones que se oponían y se contradecían entre sí. Por consecuencia, el INE tuvo que ejercer su atribución para regular varios aspectos y establecer un piso mínimo para los estados.
De particular interés para México, el caso brasileño ha demostrado que la autonomía del ámbito electoral frente a poderes locales no ha sido un factor que afecte el desarrollo democrático de aquel país. Por lo contrario, al permitir una construcción institucional sólida, profesional y uniforme a lo largo del país ha permitido el desarrollo de experimentos democráticos como el presupuesto participativo, que tiene sus orígenes en el estado de Rio Grande do Sul. También ha demostrado adaptabilidad para adecuarse a la presencia de fuerzas políticas locales, e inclusive ha llevado a un modelo sumamente exitoso de voto electrónico a nivel nacional.
Estas experiencias permiten ver los éxitos y áreas de oportunidad de nuestro modelo electoral. México debe hacer un ejercicio de introspección para plantearse qué tipo de sistema es el más idóneo dado su contexto. Desde mi óptica, esa respuesta debe basarse en la practicidad y procurar atender la realidad política que se vive a nivel local. La experiencia de Brasil nos demuestra el alcance y ventajas que podría tener una autoridad electoral única, no solo para atender estas problemáticas, sino para tomar pasos a futuro que modernicen y eficienticen la forma en la que votamos.
Juan Manuel Vázquez Barajas (Twitter: juanmanuel_vb)
[i] Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, Título III Capítulo IV