POR FADIA MORENO
La participación de las candidaturas ciudadanas exigirá una mayor fortaleza y atribuciones legales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), debido a que ya no contará teóricamente con “el filtro” de los partidos políticos. Cualquier ciudadano con antecedentes penales desconocidos y del crimen organizado, puede ser un candidato a representación popular.
Aunque los partido políticos se les han colado candidatos con antecedentes delictivos, como el alcalde de Iguala, Guerrero José Luis Abarca, hoy prófugo de la justicia, ahora hay un mayor margen de riesgo para que suceda esto, dijo José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, ex presidente del Tribunal Electoral y profesor de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Además que sea una constante que el financiamiento de las campañas electorales de los candidatos independientes, provenga del crimen organizado, advirtió.
Martínez Porcayo, explicó que la reforma no exige la investigación de los aspirantes por lo que será una cuestión de “moralidad política” la que tomen los partidos para revisar sus historiales.
Por otra parte expuso que uno de los aspectos negativos de la reforma es que vuelven a concentrar en una institución nacional muchas de las atribuciones que antaño tenían los estados, ya que las entidades federativas tiene problemas muy específicos que deben ser resueltos por “una justicia cercana”.
“Desde mi punto de vista gobernar de manera centralizada es una visión retrograda que responde a nuestra etapa colonial donde todo se manejaba desde la metrópoli”.