Cosamaloapan, Ver.- El alcalde de Cosamaloapan, Raúl Hermida Salto, mencionó que la administración a su cargo a logró pagar en este 2019, una deuda de 20 millones de pesos a proveedores, más 15 millones en juicios laborales, con lo que logra dejar finanzas saneadas para iniciar el 2020; por lo que ahora, el municipio cambia el historial crediticio ante los gobiernos federal y estatal.
Durante su segundo Informe de Labores, el edil exhortó a la Fiscalía General del Estado que continúe a través de la Fiscalía Anticorrupción las denuncias hechas en mayo de ese 2019 por el Órgano de Fiscalización de Veracruz (ORFIS) en contra de la ex alcaldesa Adriana Maass Michel, a quien se le acusa de un daño patrimonial de más de 240 millones de pesos en durante su gestión.
El presidente municipal, aseguró que de poder recuperar parte de este monto robado a los cosamaloapeños, el dinero sería invertido en todo lo que fue anunciado.
Cabe recordar que Maass Michel fue la única ex edil de todos los salientes en 2017, que presentó observaciones en por daño patrimonial en tres años seguidos, siendo en 2017 la más alta con un desvío de recursos de más de 121 millones de pesos, tras no haber ejercido recursos de CAPUFE, FORTAMUND, FISMDF, entre otros.
Hermida Salto dijo que gran parte del avance que se ha dado en estos dos años en materia financiera e infraestructura se debe a que finalmente en el Cabildo se han dedicado a trabajar por el municipio sin priorizar los colores partidistas, tanto que han logrado colocarse entre los primeros cinco lugares del Estado en transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente y ante la presencia de la Diputada Local por el Distrito 23, Margarita Corro Mendoza, en representación del Gobernador del Estado de Veracruz; el edil dijo que el próximo año tienen como meta adquirir poco más de seis mil luminarias para todo el municipio, para poder alumbrar las zonas más importantes, toda vez que desecharon el acuerdo con la empresa A.C. Technology, con la pasada administración había realizado fraude al darle una adjudicación directa por montos exorbitantes, y por la cual hay denuncia ante la FGE.