La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, lleva a cabo el llamado Examen Periódico Universal (EPU), cuyo fin es medir el cumplimiento de los Estados respecto de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.
Se trata de un escrutinio minucioso de información objetiva y confiable; con la intención de ampliar la capacidad de los Estados en la promoción y protección de derechos humanos en el orbe y compartir las mejores prácticas internacionales.
Hace unas semanas, en la 45° sesión del EPU, se examinó a nuestro país basándose en tres fuentes: un informe nacional, la indagación de las Naciones Unidas, así como la investigación de partes interesadas.
En este ejercicio, más de un centenar de países inspeccionaron a México, reconociendo avances y sin dejar de formular recomendaciones con ánimo constructivo, a fin de avanzar en el cumplimiento de los principios de los derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Con base en la información de las Naciones Unidas, se dijo que existen importantes consideraciones que deben ser un llamado a la acción de nuestras autoridades. Por ejemplo, se expresó la preocupación por la existencia de grupos de autodefensa en algunas entidades federativas como Guerrero y Michoacán.
Por lo anterior, se recomendó fortalecer la presencia de instituciones de seguridad pública civiles para garantizar la seguridad de la población y evitar la sustitución del Estado como único titular del uso legítimo de la violencia.
Se reconoció la adopción de legislación y acciones para combatir la crisis de desapariciones forzadas. Sin embargo, se señaló la insuficiencia de recursos, por lo que dicha crisis persiste.
En materia de administración de justicia, se recomendó la creación de instituciones de medicina legal y ciencias forenses que ejerzan sus funciones con plena autonomía, debiendo asumir las competencias de la Fiscalía General de la República en esas actividades. De la misma manera, se recomendó la urgente eliminación de la detención preventiva sin cargos, es decir, la figura del arraigo.
También se consideró que nuestro sistema de pensiones no demuestra la capacidad de los regímenes actuales para garantizar una pensión de vejez digna, ya que ahora cubre menos de 40% de los ingresos anteriores, tras 30 años de cotizaciones.
En materia educativa, se señaló que son notables las discrepancias entre la calificación del personal de escuelas generales, en comparación con el personal de escuelas indígenas.
Nuestro país, con base en la información disponible con la que se hizo el examen y las recomendaciones, deberá redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y los Tratados Internacionales.
México sigue siendo un país de marcados contrastes y problemas endémicos. La pobreza, la desigualdad social, la violencia, la corrupción, el abuso de poder, la inseguridad y la impunidad siguen siendo factores determinantes para frenar la conquista eficaz de los derechos de la población.
Así, conviene insistir en que una de las grandes apuestas que México tiene que hacer en el futuro, debe ser la educación, pues es la única verdadera posibilidad para lograr que cada persona pueda hacer realidad la libertad, la dignidad y la igualdad.
Como Corolario, las palabras de Ramsey Clark: “Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar”.
*EXCELSIOR