Ramón Aguirre Díaz*
La privatización de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento ha sido, a nivel mundial, un tema controversial, muy politizado y con un creciente rechazo social. Uno de los principales argumentos es que al estar un organismo operador privado a cargo de los servicios, la prioridad será siempre buscar el mayor rendimiento a los inversionistas, privilegiando la rentabilidad sobre la calidad y mejora de los servicios. Además, se trata de un monopolio natural, donde todos los habitantes de una ciudad se ven obligados a utilizar los servicios que se prestan por una única empresa.
Lo anterior implica que no exista competencia y que la población esté expuesta a consumir los servicios de la calidad que se presten y al precio que se fije sin ninguna otra alternativa. Por ello, es necesario establecer en los contratos cláusulas muy claras sobre el precio, la cobertura y calidad de los servicios que se deberán prestar a la población a lo largo del tiempo, así como fijar los factores e indicadores de evaluación que se deberán vigilar por el ente público que tenga a su cargo la regulación de los servicios.
Un factor fundamental a poner sobre la mesa es el tarifario, ya que lo que se buscaría es que las tarifas sean justas y que obedezcan a la calidad de los servicios que se presten. Aquí se presenta un dilema, ya que generalmente los servicios otorgados por los privados se esperaría fuesen mejores que los que se presten por un organismo público. También debe tomarse en cuenta que prestar un servicio de calidad necesariamente implica un mayor costo operativo, de mantenimiento y de construcción de la infraestructura necesaria, por lo cual dicha tarifa deberá ser mayor a la que se otorgue por un servicio ineficiente.
¿Cuál es realmente el sentir de la población sobre este tema tarifario? Está claro y demostrado con ejemplos a nivel mundial de que, al tratarse de servicios tan importantes como los de agua y saneamiento, la población prefiere pagar una tarifa justa por un buen servicio, que una tarifa muy baja por servicios inexistentes o insuficientes.
Si partimos de que las tarifas deben ser las justas y conforme a la calidad de los servicios que se presten, entonces la única opción para que la participación privada pueda justificarse, sin que se afecten los intereses de la ciudadanía, sería que el privado genere sus ganancias con base en una mucho mayor eficiencia. Esto parte de una lamentable realidad de los organismos de agua de nuestro país, donde con contadas excepciones, se trata de organismos públicos muy ineficientes y con bajos estándares y controles operativos.
No está claro que la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento pueda ser una solución. Se requeriría en primer término la realización de una licitación pública donde exista una amplia competencia que permita obtener las mejores condiciones, junto con cláusulas contractuales que fijen criterios, indicadores y metas claras en un tema muy complicado que tiene que ver con el desarrollo urbano de una ciudad y los cambios que existen en la dinámica poblacional, social y ambiental a largo plazo, lo que resulta muy difícil prever.
Poner los servicios de agua potable y saneamiento a manos de los privados tiene muchas desventajas, pero también es cierto que dentro de los diez organismos que prestan los mejores servicios a la población se encuentran los cinco privados que operan en México. Por algo será.