La titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Leslie Mónica Garibo Puga informó que luego de las investigaciones realizadas por el presunto caso de nepotismo cometido por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se pudo comprobar que el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez no es familiar del mandatario.
En entrevista, mencionó que tras la instrucción del presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador se inició la investigación correspondiente luego de que empresarios denunciaran en una conferencia matutina del Ejecutivo Federal, que el gobernador mantenía en la nómina de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a familiares suyos.
“Ya se hizo la investigación correspondiente en la cual no vinculamos ningún familiar que tenga que ser del gobernador Cuitláhuac García Jiménez con Eleazar Guerrero Pérez”.
Señaló que la Ley es clara e indica que los casos de nepotismo se dan cuando se coloca en un puesto público a familiares de la línea directa, por lo que Eleazar Guerrero no tiene ningún lazo consanguíneo con el gobernador.
“No tienen ningún parentesco, él es Guerrero Pérez y el gobernador es Cuitláhuac García Jiménez, estuvimos buscando y ya está la investigación”.
Informó que si bien podría existir una amistad entre ambas personas, eso no es una situación que merezca una sanción administrativa.
Así mismo, dijo que ya se están levantando las denuncias y dando reportes de otras dependencias del gobierno estatal en los que se acusan actos de nepotismo; así como se está investigando a Guerrero Pérez por actos de nepotismo con sus propios familiares.
“Yo creo que a mí también me hubieran mandado; yo creo que hasta me hubieran pedido exhumar, hubiera pedido pruebas de ADN para llegar hasta a ese grado; pero bueno afortunadamente tenemos los recursos conforme a Derecho y resulta que no existe ningún vínculo”.
En otro tema, informó que ante el caso de negligencia médica en Minatitlán, donde unos médicos dieron Ketorolaco a una mujer embarazada, teniendo como resultado la muerte del producto, la Contraloría buscará proceder aplicando una sanción administrativa de 7 años de inhabilitación a los responsables.
“Ese tipo de cosas no podemos permitirlas, ya tomamos cartas en el asunto y nuestra responsabilidad es poner sanciones administrativas las cuales ya se están trabajando y se están dando”.
Finalmente, la funcionaria rechazó que se esté impidiendo el acceso a la información o se esté entregando “a cuenta gotas” a la Fiscalía Especializada Anticorrupción a cargo de Marcos Even Torres Zamudio, en los casos donde han abierto una carpeta de investigación en contra de las distintas dependencias.
“El fiscal está en un error, todas las dependencias que tenemos alguna investigación sabemos que no podemos soltar, no podemos dar a conocer (la información); se sigue la investigación en su momento; no podemos soltar y decir pasa esto o lo otro. Se les dice ya abrimos la carpeta de investigación, estamos trabajando sobre ello, te puedo dar número de investigación pero no te puedo dar la información que estoy investigando”.