Torturas a bebés, violaciones sexuales a víctimas de “levantones”, y operaciones tácticas como si fueran un poderoso cártel de la delincuencia organizada, así actuaba el grupo élite de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y que hoy tiene a 19 policías estatales, entre ellos tres mandos policiacos, en prisión.
Cuatro exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz dejaron al descubierto la crueldad con la que torturaron a un bebé de diez meses de edad con choques eléctricos, violaciones sexuales a mujeres víctimas de desaparición forzada y esposas de desaparecidos, además de humillaciones e interrogatorios arbitrarios.
Los expolicías delatores se adhirieron al programa de “criterio de oportunidad”, es decir, que la Fiscalía General de Veracruz se abstuvo de iniciar proceso penal a los cuatro testigos al delatar a sus compañeros y obtener su libertad por confesión de las desapariciones forzadas.
La fiscalía veracruzana reveló que los tres primeras esferas en el organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública participaron como “autores mediatos”, al llevar a cabo el delito de desaparición forzada sirviéndose de otros policías.
“Jaguar” el primer eslabón de la cadena de mando, desarrolló, instrumento, implementó e instruyó el mando directo directo en el periodo de abril a octubre de 2013, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, ordenó en septiembre de 2012 la detección, detención, interrogatorio y desaparición de toda persona que tuviera vínculo alguno con la delincuencia organizada, principalmente del sangriento cártel de Los Zetas.
La instrucción fue recibida por el exdirector de los agrupamientos de Fuerza de Reacción y Fuerza Especial de Seguridad Pública y el comandante de este último grupo, quien fuera detenido por agentes ministeriales veracruzanos en un fuerte operativo el pasado 7 de febrero en Playa del Carmen.
También se encuentra involucrado el Subsecretario de Seguridad Pública de Veracruz José Nabor Nava Holguín, quien se encuentra prófugo de la justicia y por el cual el gobierno del panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares ofrece una recompensa de un millón de pesos a quien aporte información para dar con su paradero y detención.
En la exposición de la Fiscalía ante la Jueza Alma Aleida Sosa Jiménez, dio a conocer que los expolicías no conforme con las “detenciones” de sus víctimas, contactaban a sus esposas para abusar sexualmente de ellas.
Tal es el caso de la esposa de una víctima que fue privada de la libertad por la Fuerza de Reacción de la Policía Estatal el 30 de abril de 2013 en las inmediaciones de la Secretaría de Finanzas, aquel edificio que albergó al priísta Javier Duarte de Ochoa como titular de la dependencia antes de ser gobernador de Veracruz.
En aquella ocasión, la esposa de la víctima fue contactada por los exuniformados y hoy imputados, para que acudiera a una tienda de convivencia de la avenida 20 de Noviembre -en Xalapa- argumentando que su pareja sentimental se encontraba herido.
La mujer -quien se encontraba embarazada- acudió al llamado en compañía de su bebé de diez meses y fueron privados de la libertad, siendo llevados -según el testimonio de un expolicía beneficiado por el criterio de oportunidad- a unos cañales donde fue violada de manera colectiva por ocho de los hoy imputados.
No conforme con este atroz hecho y con el beneficio de gozar de “poder absoluto e impunidad”, los expolicías torturaron con choques eléctricos a su pequeño hijo de diez meses.
Días después la mujer fue liberada y hasta la fecha se desconoce el paradero de su pareja sentimental, quien fue entregado a la Fuerza Especial de Seguridad Pública al mando del exjefe policiaco que vacacionaba en el paraíso caribeño de Playa del Carmen y detenido por la FGE de Veracruz la noche del 7 de febrero.
Otro caso similar, es el de dos adolescentes -él de 16 años y ella de 17- que fueron “levantados” por la Fuerza de Reacción a la altura de la gasolinera ubicada en el tramo carretero Banderilla-Jilotepec.
A la pareja -según la fiscalía- le fue encontrado 300 gramos (en 30 dosis) de hierba verde con las características propias de la marihuana en el interior de una mochila.
Ambos fueron interrogados de manera ilegal por la Fuerza de Reacción y trasladados con toda impunidad desde la gasolinera de Jilotepec a un solitario y despejado camino de terracería cercano al fraccionamiento Homex, en Xalapa, ubicado en el traspatio de la Reserva del Tronconal.
Con base al testimonio de un expolicía del agrupamiento Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, también beneficiado con el programa “criterio de oportunidad”, declaró ante la Fiscalía General del Estado que ambos jóvenes fueron torturados, sin embargo, la adolescente fue violada por los expolicías.
Los dos adolescentes en el interrogatorio -según el testimonio- dijeron trabajar para la delincuencia organizada y recibieron la “orden superior” de trasladar a los “detenidos” al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), mejor conocido como Academia de Policías de El Lencero, donde fueron entregados a la Fuerza Especial que se desplazaban en las patrullas SP-1995 y SP-1996.
Un “topo”, “chivo” o “sapo” -términos coloquiales utilizados por la delincuencia organizada para llamar a un delator o soplón- y exintegrante del grupo Tajín, confirmó que desde la alta cadena de mando tenían la instrucción y como único objetivo detener a presuntos centinelas o personas afín de la célula criminal de Los Zetas “y de cualquier otro integrante de células criminales”.
El sapo reconoció en su declaración ante la Fiscalía General de Veracruz, estar al frente de dos retenes del grupo Tajín donde aplicaban la misma “política” y dijo haber participado en al menos ocho casos más de desaparición forzada.
En ese sentido, el expolicía delator apuntó que las desapariciones forzadas las cometían en los mismos retenes, uno de ellos en la carretera Xalapa-Coatepec a la altura de Los Arenales, donde las víctimas fueron entregadas a la Fuerza Especial en la Academia de Policía de El Lencero.
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la parte acusadora expuso a la Jueza que la señal de telefonía celular de nueves víctimas apunta como último registro en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), ubicado en la carretera federal Xalapa-Veracruz a la altura de la localidad El Lencero, municipio de Emiliano Zapata.
Otros datos de prueba aportados por la Fiscalía veracruzana fueron los “partes informativos” y “partes de hechos”, donde los imputados admitieron las “detenciones” de las víctimas y afirman haberlos entregado a la Fuerza Especial, también conocidos como “grupo Fiel” o “Fieles”, un grupo táctico y de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, no existe Informe Policial Homologado (IPH) o puesta a disposición del Ministerio Público.
Estos son alguno de los casos de desaparición forzada cometidos entre abril y octubre de 2013, ante el remordimiento de conciencia de expolicías que atestiguaron y/o participaron en estos hechos que continúa siendo una incógnita el paradero de las víctimas.
Muchos de estos casos, la Fuerza de Reacción cedió los detenidos a la Fuerza Especial en la parte baja del puente de la Central de Abastos, ubicado en la carretera Xalapa-Veracruz a la altura de Las Trancas y hasta la fecha se desconoce su paradero.
A pesar que los familiares de las víctimas desaparecidas acudieron a preguntar sobre sus detenciones al cuartel de San José “General Heriberto Jara Corona” y a la Academia de Policía de El Lencero, continúan sin saber su paradero, viviendo casi cinco años de terror, angustia e incertidumbre.