La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez reconoció que el organismo se encuentra preocupado por el regreso de la Fuerza Armada a las calles.
Esto, luego de que se publicó por decreto presidencial que las Fuerzas Armadas volverían a las calles para atender de manera extraordinaria la seguridad.
Por ello, las organizaciones en pro de los derechos humanos han contemplado que esto tendrá como consecuencia violaciones a estas garantías pues esto ya se ha registrado en el pasado.
”La Comisión Nacional recibió innumerables quejas en las que se dolían de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, en el entendido de que la capacitación de estas fuerzas están hechas para la guerra no para la seguridad pública”.
Y es que dijo que este decreto no es claro, ya que se manejan conceptos como extraordinariedad y subordinación que no establecen con exactitud cómo se aplicarán.
”No queda claro cómo había que interpretarse qué se entiende por participación extraordinaria, subordinada, complementaria para tener seguridad jurídica. Existe una posibilidad latente, con la experiencia que hemos tenido, de que se pongan en riesgo los derechos humanos”.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la regla general es que las fuerzas federales no deben participar en tareas de seguridad pública, donde ha emitido sentencias contra el Estado ,exicano por la violación de derechos humanos durante la llamada ”guerra contra el narcotráfico”.
Una de ellas es la del caso Alvarado, ocurrido en diciembre del 2009, cuando tres miembros de una misma familia, Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, fueron detenidos arbitrariamente por militares y no se supo más de ellos.
Por ello, ante el regreso de las fuerzas federales a las calles la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos alista un pronunciamiento sobre este tema.
Hay que recordar que presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el regreso de la Fuerza Armada permanente a las calles para participar sin exceder un tiempo de cinco años.