La diputada Montserrat Ortega Ruiz, secretaria de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Infancia, informó que se reunió con la presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para analizar la Iniciativa con proyecto de Decreto en materia de prohibición de correcciones disciplinarias violentas a niñas, niños y adolescentes, presentada por la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez.
Montserrat Ortega dijo que deben respetarse, al mismo tiempo, la dignidad de los menores y el derecho de las madres y los padres de educarles.
Aseguró que desde su comisión se contribuye para que se presente un dictamen que fortalezca a la familia, mediante el respeto a los derechos de cada uno de sus integrantes.
En este proyecto de decreto se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Civil y de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, todas del estado de Veracruz, en materia de prohibición de correcciones disciplinarias violentas a niñas, niños y adolescentes.
En el proyecto , presentado desde diciembre de 2019, se busca crear un concepto legal de castigo que además de la violencia física o psicológica, también incluya cualquier otra forma de violencia, como la verbal, emocional, económica o incluso sexual, y que además prevea no solo el castigo como tal, sino también, los actos de reprimendas, correcciones, disciplinas o regaños que se hagan en forma violenta, cruel y degradante.
A este concepto le llamaron en el proyecto: Correciones Disciplinarias Violentas, que mencionan causan a la niñez dolor, zozobra, denigración o humillación que atentan contra su integridad.
“La obligación de educar implica un fin formativo y deberá de ir encaminada a promover el cuidado y la crianza positiva con respeto a su dignidad como personas. Por lo que queda prohibido infligir a las niñas, niños o adolescentes correcciones disciplinarias violentas o cualquier otro acto de violencia que atenten contra su integridad física o psíquica”, se lee en el proyecto de decreto.