Líderes indígenas denuncian que el próximo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, avaló abusos, consultas amañadas, represión contra la Nación Yaqui y manipulación del “Plan de Justicia” de López Obrador. En este contexto prevalece el acoso del Crimen organizado en su territorio.
Indígenas yoremes de la Nación Yaqui manifestaron zozobra por la asunción de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre próximo. En entrevista telefónica, denuncian que él es uno de los responsables del despojo actual y abusos que sufre este grupo ancestral, y aseguran: “No queremos a ese indígena, el más corrupto que se pueda conocer en todo México”.
En los últimos años el grupo indígena yoreme ha tenido que resistir la ocupación territorial cada vez mayor del crimen organizado y la intervención del gobierno federal para implementar el “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui”, decretado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2021.
Este plan presuntamente contempló la restitución a los yaquis de 20 mil hectáreas de territorio, créditos para vivienda, impulso a la educación y servicios de salud, pero principalmente la ejecución de un plan hidráulico en la Cuenca del Río Yaqui, en respuesta a la escasez que padecen los pueblos del sur de Sonora, a raíz de la construcción del Acueducto Independencia en 2009, principalmente.
El principal operador del Plan de Justicia, según señala la tropa yoeme, fue Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y ahora virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las elecciones del 1 de junio último.
Fernando Jiménez, indígena yoreme y defensor del territorio yaqui, denuncia en la entrevista con Proceso que el supuesto Plan de Justicia de López Obrador se trató en realidad de “una herramienta de control en donde el INPI es el que tiene las palancas en la mano; ellos deciden cómo, cuándo y quiénes van a recibir los apoyos y las bondades de un plan de justicia.”
También Jiménez señala tanto a Aguilar Ortiz como a Adelfo Regino –titular del mismo INPI–, como los funcionarios que los discriminaron y negaron el acceso a los indígenas yoremes a las reuniones de las consultas indígenas para ejecutar el “Plan de Justicia” y que, a puerta cerrada, celebraron con otras dependencias federales y autoridades yaquis impuestas por ellos mismos.
Estos señalamientos también quedaron asentados en la queja que presentó el defensor de los derechos yaquis César Cota Tórtola desde agosto de 2021ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportada en la edición 2344 de Proceso.
En ella, Cota señala como responsables de prácticas discriminatorias a los ya mencionados Aguilar Ortiz y Regino, así como también a los funcionarios locales del INPI Luis Andrés Chávez Vera, delegado en Sonora, y a Hilario Molina Amarillas, representante del mismo Instituto en el pueblo de Pótam.
De acuerdo con esta queja, presentada ante el Quinto visitador de la CNDH, David Mendívil Figeroa, Cota expresó de estos funcionarios que “en diversas reuniones que han sostenido con las autoridades tradicionales de los Ocho pueblos de la tribu yaqui (…) han estado incitando al odio, al racismo, la confrontación y a la división entre los diversos representantes de (…) la Nación Yaqui”.
Lo anterior con el fin de imponer “a toda costa los acuerdos que a ellos les favorezcan, como representantes del gobierno de México, queriendo callar, opacar, menoscabar y limitar la participación de los yoremes de la Nación Yaqui”, detalla Cota Tórtola.
Violencia y crimen organizado
La intromisión en la política interna de los pueblos yaquis por parte de Hugo Aguilar y otros funcionarios públicos del INPI ha tenido consecuencias aún más graves, ya que también han obstaculizado otros temas vitales para la tribu como lo es la violencia originada por el crimen organizado.
“Vivimos ante el acecho del despojo de nuestras tierras y nuestros recursos naturales por parte del crimen organizado, que está apoderándose con el claro objetivo de exterminar nuestra raza indígena ancestral, a través de la comisión de delitos, y de los constantes ataques a nuestros usos y costumbres que generan los servidores públicos en complicidad con las células del crimen organizado presentes en nuestro territorio”.
Así se puede leer en otra queja presentada el 4 de julio de 2024 ante la CNDH en la Ciudad de México, tramitada por los representantes yaquis Esteban Guillén Álvarez, Isabel Seguapicio Hurtado, Agustín Molina Meza y César Cota.
En ese documento, los miembros de la tropa yoreme señalan que desde 2011 células del crimen organizado comenzaron a asentarse en el territorio yaqui. Eso en el contexto de las movilizaciones populares que realizó la tribu contra la construcción del “Acueducto Independencia” en 2009.
Sin embargo, los representantes yaquis señalan que en la actualidad “la situación es consternante”, debido a que grupos del crimen organizado están reclutando “a niños desde los diez años y a adolescentes, quienes son equipados con armas de alto calibre, enviciados y utilizados como halcones o vigilantes” para mantener el control de los territorios yaquis.
El acoso contra los yoremes
Dado que la lucha de los yaquis ha sido popular pero también legal –debido a la alianza que han tejido con organizaciones de la sociedad civil y despachos de abogados de Sonora y la Ciudad de México–, en un mensaje videograbado el 11 de enero de 2022 un grupo de cinco indígenas yoreme denunció persecusión política, amenazas, intimidación y acoso por parte de autoridades impuestas del pueblo de Pótam, en específico Patricio Varela Martínez y el secretario de Vícam Pueblo (una de las ocho poblaciones yaquis), Onésimo Viquimea Valenzuela.
Por órdenes de estas personas, según lee una mujer yaqui en castellano, un grupo armado ajeno a la comunidad secuestró a Juan Pedro Maldonado Martínez, Jesús Molina Castillo y Anselmo Molina en la guardia de Pótam.
De acuerdo con la denuncia, Varela Martínez y Viquimea, “con el apoyo de los servidores públicos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas están generando esta ola de violencia en la Nación Yaqui. El motivo de ello es obligarnos a firmar el desistimiento de una demanda de amparo que interpusimos para garantizar nuestros derechos humanos, resguardando el derecho de todos los yoremes de la Nación Yaqui, por el confuso decreto de la creación del Distrito de Riesgo 018”.
*PROCESO