Veracruz, entre entidades con más niños reclutados por el narco

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⁃ De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), este problema es notorio en el Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz, y Michoacán. 

 

Veracruz es una de las entidades del país donde se han detectado más casos de reclutamiento y utilización forzada de menores por parte del crimen organizado. 

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), este problema es notorio en el Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz, y Michoacán. 

En esos estados, según el informe de Redim, habría entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes en riesgo de ser enganchados por grupos delictivos.  

Se trata de un problema que afecta a menores de edad en la República Mexicana, donde los niños y adolescentes son utilizados para la mendicidad o venta de productos en la calle. 

La Redim enfatiza que no existen cifras oficiales sobre esta situación que pone en peligro a miles de niñas, niños y adolescentes.  

Algunos menores pequeños son usados por las bandas de la delincuencia organizada para realizar labores de “halconeo” o la supervisión del territorio. 

Se habla de que los infantes podrían ser enlistados a la fuerza a partir de los 10 y 11 años en distintos puntos del país.  

Además, los adolescentes son los principales blancos, pues tienen una mayor fuerza y productividad para realizar actividades delictivas, señalan los especialistas de Redim. 

En la entidad veracruzana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha llevado a cabo operativos en las distintas regiones donde ha logrado la detención de personas señaladas por diversos ilícitos, entre ellos a algunos menores de edad. 

 

EMPEORA PROBLEMA   

En septiembre de 2021, Veracruz era el sexto estado del país con una mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes reclutados por grupos del crimen organizado.  

De acuerdo con el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, se estimaba que hasta 250 mil menores estaban en riesgo por dicha situación en el país.  

El estudio fue elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), y mostraba que siete entidades concentraban el 55 por ciento de la población vulnerable.  

Se trataba del Estado de México con el 9.7 por ciento, Jalisco con 8.6 por ciento, Chiapas con 8.1 por ciento, Puebla con 7.8 por ciento, Guanajuato con 7.2 por ciento y Michoacán con 6.2 por ciento.  

Con base en lo anterior, se estimaba que en Veracruz había 9 mil 900 infantes en riesgo de ser reclutados para actividades ilícitas y relacionadas con el narcotráfico.  

“La crisis de seguridad que enfrenta México ha puesto en evidencia no solo un repunte de ciertas actividades ilícitas, sino su evolución cualitativa. Dentro de esta última, ocupan un lugar primordial los cambios tanto operativos como estratégicos de los grupos detrás de la comisión de diversos delitos y del ejercicio de distintas formas de violencia en el país”, se lee en el documento.

 

Desde entonces había sido notoria la participación de niñas, niños y adolescentes en ese tipo de actividades como resultado de su reclutamiento y utilización. 

El estudio revela que hay diversos factores que influyen en el reclutamiento, como la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, el contexto social y su cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos.  

Sin embargo, el acercamiento no siempre es por parte de los cárteles del narco, pues hay otros grupos sociales involucrados como las pandillas.  

  

“GUERRA CONTRA EL NARCO”  

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostienen que la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, desatada durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), ocasionó un incremento de casos de niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada.  

La Dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas señala que en México la institucionalidad en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes es muy débil.  

La UNAM estima que el número de estos niños, niñas y adolescentes oscila entre 350 mil y 460 mil en el país, lo que se da con más frecuencia en aquellos estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas. 

“Diversos estudios recogen testimonios de niños, niñas y adolescentes en los que refieren las diferentes funciones que desempeñan dentro de un grupo delincuencial. Es así como se ha sabido que casi siempre empiezan como ‘halcones’ (individuos que se encargan de vigilar y alertar sobre la presencia de autoridades o enemigos), pero con el paso del tiempo también pueden realizar labores de tráfico de estupefacientes o incluso convertirse en sicarios y ejecutar uno que otro asesinato”. 

Los menores son reclutados mediante engaños, con la promesa de que accederán a cierta cantidad de dinero, mejores condiciones de vida y cierto poder. 

“México cuenta con un régimen jurídico especial para los menores de edad, el Sistema de Justicia para Adolescentes, contemplado en el artículo 18 de la Constitución, que considera sus condiciones de desarrollo y establece que no se les puede juzgar de la misma manera que a los adultos”, se lee en una publicación.  

Los especialistas indican que los grupos delincuenciales se aprovechan de esta circunstancia para reclutar niños, niñas y adolescentes, pues están conscientes de que si ellos son detenidos y juzgados no se les castigará con la misma severidad con que se hace a un adulto. 

En 2015, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU también pidió al Estado mexicano hacer un diagnóstico del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes llevado a cabo por la delincuencia organizada.  

Lo anterior para combatir sus causas estructurales, entre las que se encuentran la violencia armada en los territorios dominados por grupos delincuenciales, el tráfico de estupefacientes, la desigualdad de género y la marginación, e investigar los casos de desapariciones y muertes violentas.