La expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Adriana Linares Capitanachi, recientemente ungida como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tomó sus primeras decisiones al frente del organismo, y una de ellas fue mudarse a una exclusiva oficina en Paseo de Los Alpes número 24 en Cumbres de Las Ánimas, una de las zonas de más alta plusvalía de la capital del estado.
Linares Capitanachi se decantó por dicha oficina en Paseo de los Alpes -relatan empleados del SEA- porque cuenta con la novedad ejecutiva de contar con un “elevador exclusivo” del estacionamiento a su oficina. El cual solo podrá ser ocupado por la exdiputada local y a quienes ella habilite.
El Sistema Estatal Anticorrupción fue creado para para prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción a través de los entes que integran el Comité y que son los líderes de implementación, así como la promoción de un mayor involucramiento de la sociedad. Eso dice su marco normativo.
Sin embargo, Adriana Linares, la “todo poderosa” del Congreso Local decidió estrenar oficina, pues la que ocupaba en la calle de Fortín de las Flores y 20 de noviembre, en donde pagaba 59 mil, 800 de renta y ahora en “Paseo de Los Alpes” pagará 140 mil pesos, aplicando el “antes muerta que sencilla”.
Más los miles de pesos que se acumulen por la compra y renta de bienes inmuebles para “equipar” la nueva oficina y para habilitar oficinas al séquito de asesores que tenía en el Congreso Local, más un ejército de burócratas que le envió su incondicional amiga, la Contralora General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo. .
Aun no cobra su primera quincena como ejecutiva del SEA y Adriana Linares ha sido motivo de críticas al interior del organismo y de los titulares de organismos autónomos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes al interior de la mesa ya criticaron su “ilegibilidad” para ocupar el cargo, pues no ha cumplido los tres meses que marca la ley, para no ocupar un cargo de elección popular.
Aunado a ello, se agrega el “tijeretazo” que aplicó al interior del organismo, despidiendo sin explicación, ni liquidación alguna a más de 25 empleados que laboraban ahí desde la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.