Por 10 años se mantuvo “reservada” la información de los convenios publicitarios entre el gobierno del estado y los medios de comunicación locales y nacionales. Es decir que la mayoría no podíamos conocer cuánto destinaba el Poder Ejecutivo para promover su imagen y sus acciones, en qué empresas y por qué motivos.
En medio de la transición del gobierno y con la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares emanado de un partido diferente al PRI, el IVAI abrió una puerta para que esa información se puede conocer. Echó abajo la reserva de información que mantenía la Coordinación General de Comunicación Social sobre esos convenios.
En lo personal, había pedido la misma información en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán y después cuando Gina Domínguez estaba al frente de esa dependencia. Y siempre se negó el acceso a los informes bajo el pretexto de que estaba clasificada como reservada.
Fue hasta este 2016, que en el expediente REV/404/2016/I, los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información determinaron revocar el “acuerdo de reserva” y acceso restringido la información relacionada con la difusión de mensajes sobre programas gubernamentales.
El argumento de la autoridad estatal para no brindar la información es que al hacerse pública traería como consecuencia una ventaja indebida entre los propios medios de comunicación.
Pero qué no sería al contrario: permitiría una competencia más equitativa y justa, pero sobre todo se evitarían las empresas fantasmas de las que dicen se crearon con Alberto Silva (reiteró, dicen, porque no me consta) o se evitaría el llamado “diezmo” elevado a la quinta potencia que dicen se daba con Gina Domínguez (tampoco me consta).
En su defensa, la dependencia aseguró que realizan una exhaustiva selección de los medios de comunicación idóneos y “más convenientes”. Aquí habría que preguntar “más convenientes” para quién o para qué. También reportó que analiza el grado de penetración, tiraje, cobertura y regionalización de los mismos.
“Los medios de comunicación que se contratan… son los que cuentan con mayor audiencia y disponibilidad, garantizando la oportuna difusión de las obras, acciones y la salvaguarda de la vida y patrimonio de la sociedad”, expusieron en la parte de alegatos ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Ahora, la comisionada Yolli García, quien por ciento se acaba de reelegir en la Presidencia con el voto de su único compañero, determinó “revocar la respuesta emitida” por la Coordinación General de Comunicación Social en la que negaba la información bajo el argumento de la reserva ya explicada. Primero porque el IVAI ya había eliminado esa clasificación y segundo porque se trata de información pública que abona a la rendición de cuentas y al principio de máxima publicidad.
La solicitud fue clara: Conocer los convenios establecidos con medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, páginas electrónicas y revistas) desde el 2011 al 2016.
Según la resolución emitida daba 10 días como máximo -festivos y fines de semana no cuentan- y las declaraciones de la propia comisionada presidenta, este viernes 25 de noviembre las autoridades estatales deben entregar la información.
Pero no sólo el Gobierno del Estado deberá proporcionar copia de los convenios publicitarios, también tendrá que cumplir con la misma tarea el Poder Legislativo de Veracruz. Ya se conoce una primera lista de la inversión que hicieron en los últimos años: 43 millones de pesos aproximadamente en la legislatura pasada. Ese es el reporte oficial, sabemos que siempre hay subregistros y dinero de otras partidas.
En mi visita al Congreso, sus autoridades se negaron a entregar dicha información, con todo y resolución del IVAI de por medio. Pretendían que sólo se observaran las carpetas de los convenios de los años 2014, 2015 y 2016, pero sobre todo intentaban negociar la ley.
Propusieron una mesa de trabajo con los medios de comunicación inconformes con esa primera lista publicada porque aparecían con cantidades mayores a las que en realidad recibieron; después pidieron que sólo se revisaran superficialmente los documentos y finalmente conminaron a un “acuerdo” para entregar la información 15 días más tarde.
Parece que los funcionarios no acaban de entender que la información no es de su propiedad, que tampoco es una dádiva a los ciudadanos o comunicadores, y que los recursos que ahí se aplicaron tampoco les pertenecen.
PD. En la próxima semana les cuento como nos fue con Comunicación Social del gobierno. De obtenerse, sentaría un precedente.
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