Una investigación periodística del diario El País llegó a manos del Papa a fines del año pasado… y estalló el escándalo: durante décadas la Iglesia española ha sabido de casos de abusos sexuales cometidos por sus integrantes y ha tendido cortinas de humo para tratar de salir bien librada. Sin embargo ahora el gobierno hispano se tomó en serio el informe periodístico y encargó el asunto a la Defensoría del Pueblo, a donde no han cesado de llegar testimonios de las numerosas víctimas del clero.
Durante un vuelo a Chipre, el pasado 2 de diciembre, el Papa Francisco recibió un informe de 385 páginas con testimonios y pormenores de 251 casos de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia española. Daniel Verdú, corresponsal de El País en Roma, le entregó ese primer informe de una investigación periodística que el diario inició en 2018.
Ese año, la directora de El País, Soledad Gallego, pidió a sus periodistas investigar los abusos cometidos por religiosos, tema del que poco se hablaba en España y que siempre se ocultaba tras los muros de la Iglesia Católica.
El Papa entregó el informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que atiende estos abusos. Luego el documento fue entregado al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien lo sometió a un tribunal eclesiástico.
Pero la repercusión que tuvo la publicación del informe y los testimonios y casos individuales, rebasaron los altos muros de la Iglesia, provocando que nuevas denuncias se hicieran públicas, que otros medios retomaran el tema y que se visibilizara el escándalo.
Uno de esos testimonios es el de Fernando García-Salmones, portavoz de la plataforma Infancia Robada, quien en entrevista con Proceso denuncia que “en España la Iglesia tiene una voluntad específica de obstrucción y un clientelismo clarísimo con determinados sectores y partidos políticos, con lo cual se siente fuerte, apoyada y se niega en todo momento a que haya una verdadera revisión de los casos de abusos dentro de la Iglesia”.
En su opinión, “la jerarquía de la Iglesia española contradice sus propios principios (dignidad de la persona y solidaridad) al obstaculizar cualquier investigación; se enfrentan al Papa porque no coinciden con él ideológica y políticamente y, por experiencia personal, puedo decir que siempre terminan desprestigiando a las víctimas que denunciamos, alegando que queremos ‘dañar a la Iglesia’”.
García-Salmones fue víctima del religioso José María Pita de Veiga en el colegio Claret, en 1975, cuando él tenía 14 años. El religioso lo sometía a abusos brutales, lo forzó a tener sexo junto con otro sacerdote, lo abofeteaba y, luego de la violación, lo obligaba a limpiar la habitación y a tender la cama donde había sido violado.
El religioso tenía una enorme influencia en la cúpula de la dictadura franquista (1939-1975), por ser hermano del ministro de Marina del dictador y porque oficiaba actos religiosos para miembros del régimen. El sacerdote nunca fue expulsado de la congregación de los claretianos ni del colegio, y el caso de Fernando nunca tuvo eco. Poco antes de morir, en 2009, su congregación, el colegio y exalumnos le hicieron un homenaje al religioso.
El País mantiene abierta su investigación y tiene un correo para recibir testimonios. Entregó un segundo informe a la CEE con 278 nuevos casos y 244 acusados. Pero siguen corroborando la información de más testimonios, que en su página web señalan llegan a 840 casos con mil 594 víctimas.
Tomada De Proceso