Washington (EFE).- La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, invocó este fin de semana una ley que solo fue usada en tiempos de guerra para enviar sin el debido proceso e ignorando las órdenes judiciales a cerca de 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador, mientras que ha negado la entrada o ha sido acusada de maltratar a extranjeros con permisos de residencia o visados que no han sido acusados de ningún delito.
El Gobierno de Trump echó mano la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada en la guerra de 1812 y las dos Guerras Mundiales, para equiparar a la banda criminal Tren de Aragua con un enemigo invasor, algo que ha sido criticado por expertos constitucionalistas y que hasta el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) considera que no está reservado para la situación actual.
Según dijo Trump anoche a bordo del Air Force One, el envío de 238 venezolanos extranjeros en EE.UU. a la cárcel para pandillas de El Salvador responde a una situación que «es más peligrosa que una guerra» y que se trata de un invasión de «gente mala, como digo yo, ‘bad hombres’», pese a que la ley claramente define una invasión, como una incursión a manos de una nación extranjera.
¿Incumplimiento de la ley?
Ahora el debate está centrado en si la Administración Trump incumplió la orden del juez federal James Boasberg que ordenó detener el envío de estos supuestos criminales (que no han tenido la oportunidad de defenderse ante la Justicia) y hacer regresar a los aviones si fuera necesario.
La Administración Trump asegura que cuando la orden del juez llegó ya era demasiado tarde para dar marcha atrás con los extranjeros, pero datos de los vuelos indican que los aviones aterrizaron en Honduras a las 19:37 hora del este de Estados Unidos, antes de tomar camino de El Salvador, y la orden del juez se emitió a las 18:46 y fue publica da las 19:26 de la tarde.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes que el Gobierno no se ha negado cumplir con la orden judicial y «la orden escrita y las acciones de la Administración no han entrado en conflicto» en la encarcelación de estos «terroristas» en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde, según la asociación Cristosal, se violan los derechos humanos.
«La orden, que no tiene base legítima, fue emitida después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían abandonado el territorio estadounidense», añadió Leavitt.
El diario The New York Times identificó a Francisco Javier García Casique como uno de los enviados a El Salvador, pese a que su madre asegura que no tiene evidencias de que sea miembro del Tren de Aragua y que fue detenido por sus tatuajes.
«Estamos al inicio de una verdadera crisis constitucional», aseguró en X Mark S. Said, abogado experto en temas de seguridad nacional.
Un pulso entre Trump y la Justicia
Dentro y fuera de la corte, la Administración Trump intentó poner a prueba los poderes del Ejecutivo con dos principales argumentos: que el presidente tiene autoridad casi absoluta en política exterior —algo que la jurisprudencia no avala— y que, una vez que los aviones despegaron, ya se encontraban en espacio aéreo internacional, por lo que la orden del juez no aplicaba.
Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y arquitecto de la política migratoria de Trump, defendió que el pueblo estadounidense dio a Trump con su voto el poder para deportar a los migrantes.
«Si un juez puede intervenir en la conducción de nuestra política exterior, no tenemos, bajo ningún concepto, una democracia en este país», afirmó Miller ante los medios.
Por su parte, Tom Homan, el «zar de la frontera» de Trump, argumentó este lunes que los aviones con migrantes ya estaban sobre aguas internacionales y que, por tanto, la orden del magistrado no les obligaba a regresar a Estados Unidos.
«El avión ya estaba en espacio aéreo internacional, un avión lleno de terroristas y amenazas significativas para la seguridad pública. Dar la orden de regresar con esos terroristas a Estados Unidos no es lo que este presidente prometió al pueblo estadounidense», declaró Homan en la Casa Blanca.
El siguiente paso del litigio será este martes, cuando el Gobierno deberá entregar más documentos al juez.
En el ámbito internacional, el Gobierno de Venezuela ha anunciado que acudirá a organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes deportados, en su mayoría ciudadanos venezolanos.
La Administración Trump niega visados y permisos de residencia a extranjeros
A estas voces de alerta se sumó este fin de semana la del profesor de Harvard Noah Feldman, quien criticó la detención del residente permanente Mahmoud Khalil por expresar opiniones a favor de los palestinos en protestas protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.
A este caso se han sumado recientemente acusaciones como la de Astrid Senior, que aseguró a la emisora WGBH que su hijo Fabian Schmidt, con permiso de residencia o Tarjeta Verde, fue desnudado e «interrogado violentamente» al llegar al aeropuerto de Boston al resgresar de Luxemburgo, algo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) negó este fin de semana.
Un caso similar será tratado hoy en un tribunal federal de Boston, después de que la profesora de la Universidad de Brown Rasha Alawieh, de 34 años, fuera deportada al Líbano a su llegada al mismo aeropuerto, pese a que un juez bloqueó esa decisión y que tenía una visa H1-B.
El decano de la escuela de periodismo de Columbia University, Jelani Cobb, mantuvo una reunión privada con sus alumnos para advertirles que el país pasa por «tiempos peligrosos» y que eviten expresar en redes sociales opiniones que puedan contrariar al Gobierno de Trump.
«Cuando se solicita entrar en EE.UU. y recibes un visado, eres un invitado. Si te decimos que vienes a Estados Unidos a participar en un evento pro-Hamás está en contra del interés de Estados Unidos. Si lo hubiésemos sabido no te daríamos el visado», indicó el domingo en una entrevista con la cadena CBS el secretario de Estado, Marco Rubio.