El objetivo es que el Estado recupere la rectoría económica y combata prácticas monopólicas con mayor firmeza, estableciendo sanciones severas para quienes incurran en estas.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió la noche de este jueves al Senado un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La iniciativa propone extinguir a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como un órgano autónomo ajeno al Estado, y crear la Comisión Nacional Antimonopolio como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía.
A través de esta medida, el Estado recupera la rectoría de la actividad económica y, por fin, crea una autoridad verdaderamente antimonopolio en beneficio de las familias mexicanas, al tiempo que permite cumplir con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano.
La persona comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio será nombrada por el titular del Ejecutivo federal por un periodo de tres años, prorrogable por una sola ocasión, y deberá ser ratificada por el Senado de la República.
¿Qué sanciones conllevaría el monopolio?
Las prácticas monopólicas o de concentración ilícita serán sancionadas con una multa de hasta el equivalente a 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 22 millones 628 mil pesos, en caso de que se declare falsamente o se entregue información falsa a la Comisión.
Asimismo, se contempla una multa de hasta el equivalente al 20 por ciento de los ingresos del agente económico que incurra en una práctica monopólica absoluta.
El decreto, de 272 páginas, establece que el Estado mexicano debe estar facultado para enfrentar con determinación los abusos del poder económico de las corporaciones, a través de una política antimonopolio.
“Al combatir los monopolios con toda la fuerza del Estado, se genera una economía con competencia, donde las empresas deben ofrecer mejores precios y calidad a los consumidores mexicanos, lo cual permite que las familias mexicanas puedan adquirir más y mejores productos, sin que los intereses o abusos de grandes grupos de poder puedan afectar a la economía nacional”, se cita en la exposición de motivos.
Se señala que la presente propuesta pretende modernizar una parte angular del diseño institucional del Estado mexicano, para que este esté a la altura de los retos del país y las demandas de la sociedad.
Este diseño fortalece las atribuciones del Estado mexicano, establece reglas claras y posibilita la expansión de los derechos fundamentales, al tiempo que crea condiciones para el buen funcionamiento de los mercados y garantiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México, al integrar un organismo fuerte como la Comisión Nacional Antimonopolio, con independencia y capacidad técnica en sus decisiones.
*MILENIO