Por Alejandro Ramos Magaña
Una práctica muy común en México es la que realizan los gobiernos en turno a nivel federal, estatal y municipal, pues siempre presumen los paisajes naturales regionales en aras de promover el turismo. Y la acción no tendría nada de anormal si no fuera porque existe un desfase entre esa narrativa oficial y el escenario real. Existen ecocidios silenciosos que no se atienden.
Pasan los años y los ríos, lagos, costas y hasta los acuíferos se encuentran contaminados, principalmente, por descargas domésticas, agrícolas e industriales, lo que provoca daños a flora y fauna, a la salud humana, impacta al ambiente y deteriora el paisaje.
En México las zonas con alta degradación van en aumento, y esto es consecuencia por la falta en la aplicación del esquema normativo, por débiles programas de prevención y por las omisiones y negligencias en el control de las descargas de las aguas residuales.
Tal parece que el registro obligatorio de los responsables de las descargas no está actualizado o las autoridades federales, estatales y municipales prefieren mantenerse omisas por otros intereses.
México tiene una serie de instrumentos legales y normativos para garantizar un ambiente sano, pero las autoridades no los aplican en tiempo y forma, y tal vez no lo hacen por desconocimiento, negligencia, por conflicto de intereses, por falta de personal calificado o por los altos costos que implica su implementación.
A fines de octubre pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el 51% de ríos, lagunas, lagos y el 32% de los acuíferos se encuentran severamente afectados por contaminación microbiológica y fisicoquímica. Es decir, metales pesados y coliformes fecales, principalmente, se concentran en cuerpos de agua superficiales y en aguas subterráneas.
La Conagua analizó en 2023 la calidad del agua en 450 cuerpos de agua superficiales y 606 subterráneos, y una vez más se comprobó que la contaminación del líquido sigue fuera de control. Y cada año se repite el mismo escenario.
Cabe precisar que el país tiene 653 acuíferos, de los cuales 245 se encuentran secos, por la sobreexplotación, o altamente contaminados como es el caso del que abastece al Valle de México.
Y en el caso de la contaminación severa a los cuerpos de agua superficiales, se encontraron los ríos: Atoyac, en Puebla; Papaloapan y Coatzacoalcos, Veracruz; Pesquera, Nuevo León; Zahuapan, Tlaxcala; Tula (Estado de México e Hidalgo), y Santiago, en Jalisco.
También el crecimiento urbano e industrial desordenado ha impactado el Sistema Lerma-Chapala-Santiago (Estado de México, Jalisco y Nayarit), así como el río Santa Catarina en su paso por la zona metropolitana de Monterrey se ha convertido en un depósito de descargas del drenaje.
El severo deterioro ambiental de los lagos de Chapala y Cuitzeo los está llevando a su desaparición. En ambas regiones los daños acumulados son por la tala clandestina, excesiva extracción del agua para uso en la agricultura y ganadería, por descargas del drenaje urbano, así como por la contaminación por residuos de las industrias químicas, porcícolas y de papel, y por fenómenos vinculados al cambio climático (sequías extremas y altas temperaturas).
Y hasta agosto de 2024, se detectaron que en algunas zonas de las costas de Baja California, Colima, Jalisco, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, se encontraban altamente contaminadas por estreptococos (contaminación fecal), cuya bacteria provoca daños gastrointestinales, respiratorios e infecciones cutáneas y en vías urinarias.
Todo esto es un indicativo que las aguas residuales en las entidades no son tratadas antes de ser descargadas a ríos y mares.
No se han hecho inversiones públicas millonarias para que los estados y municipios cuenten con modernas plantas tratadoras de agua.
Ante este contexto, las autoridades ambientales deben declarar zonas rojas para su rescate urgente y, además, impulsar programas sistemáticos para el mejoramiento ambiental con marcos legales y normativos ajustados ante la dimensión del grave problema. Y a esto se deben proyectar presupuestos de la Federación y estatales para que cada año se realicen obras de recuperación.
Ahora que la Conagua ya tiene un nuevo diagnóstico sobre la contaminación de los cuerpos de agua, debemos exigirle actuación inmediata y con transparencia en conjunto con las dependencias encargadas del ambiente.