Exelementos de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán- Coatzintla (PIPTC) del norte del estado de Veracruz, protestaron frente a la Torre de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el centro de la ciudad de Xalapa.
Los quejosos también bloquearon la calle Ignacio Zaragoza, esquina con Leandro Valle y Sebastián Camacho, a un costado de Palacio de Gobierno.
Los expolicías acusaron que en la administración estatal saliente no fueron atendidas sus demandas, a pesar de que las autoridades tenían conocimiento del caso.
Se trata de los extrabajadores que han protestado varias veces para exigir que se dé seguimiento a la denuncia 808/2019 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, presentada por la falsificación de firmas en más de 400 cheques que se habían otorgado como parte de su liquidación.
La corporación en la que laboraban fue extinta y fueron despedidos el primero de julio de 2015, desde entonces han iniciado una lucha para que se respeten sus derechos laborales.
“No hay un verdadero estado de derecho en el estado de Veracruz, para los más vulnerables extrabajadores de la SSP de la tercera edad… no hay justicia”, “fiscalías omisas, no atienden las denuncias de su pueblo”, “tenemos 5 años y tres meses exigiendo justicia al Gobierno del Estado de Veracruz y Fiscalías”, se leía en algunas pancartas.
De acuerdo con Adder Óscar Juárez Téllez, abogado de 180 extrabajadores, se exige el seguimiento a la denuncia 808/2019 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, presentada por la falsificación de firmas.
Recordó que los 400 cheques que se habían entregado para la liquidación de expolicías fueron cobrados en el año 2015, en el municipio de Boca del Río, pero las firmas fueron falsificadas por supuestos funcionarios de gobierno en esas fechas.
“Los cheques fueron cobrados en Boca del Río, cuando los policías son de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla y no tienen un medio”, recordó.
Enfatizó que el desfalco financiero asciende a más de 100 millones de pesos y por ello se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 24 de octubre de 2019 y fue ratificada el día 5 de diciembre de ese mismo año.
La denuncia que se interpuso es en contra de servidores públicos que fungieron como administradores en el entonces gobierno priista que encabezada Javier Duarte de Ochoa.