La dependencia estadounidense publicó este 28 de julio su informe anual sobre el clima de inversiones que tiene cada país aliado a Estados Unidos, entre los que figura México. El análisis de los Estados Unidos también critica los embates del presidente López Obrado a la Comisión Federal de Competencia (COFECE), un órgano regulador autónomo.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe anual sobre el estatus del clima de inversiones a nivel mundial (2022 Investment Climate Statements), en cuyo capítulo dedicado a México señala que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha clasificado a proyectos importantes como de “seguridad nacional”, a fin de iniciar obras públicas sin estudios de impacto ambiental, lo que genera “preocupaciones sobre el compromiso de la administración de López Obrador con la transparencia”. El análisis del gobierno estadounidense también critica los embates del mandatario contra la Comisión Federal de Competencia (COFECE), un órgano regulador autónomo.
El reporte fue publicado este 28 de julio en medio del inicio de las consultas que anunciaron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética del gobierno mexicano en marco del acuerdo trilateral de comercio, conocido como T-MEC.
El documento también señala que aunque el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México entró en vigor el 1 de julio de 2020, “la administración de López Obrador ha retrasado la emisión de regulaciones clave en toda la economía, lo que complica el entorno operativo para los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros y energía”.
El informe del Departamento de Estado recuerda que en diciembre de 2021, el presidente emitió un acuerdo para determinar que todos sus mega proyectos debían ser catalogados de seguridad nacional, a fin de agilizar sus trámites y evitar que grupos de oposición presentaran recursos legales para frenarlas.
“En diciembre de 2021, el presidente López Obrador emitió un controvertido decreto que nombraba estos proyectos como prioridades de “seguridad nacional”, lo que les permitía proceder antes de la finalización de los estudios de impacto ambiental y de otro tipo. Aunque los tribunales prohibieron el decreto ejecutivo, aún generó preocupaciones sobre el compromiso de la administración de López Obrador con la transparencia”, dice el documento.
El mismo análisis del Departamento critica que la política de López Obrador ha sido priorizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de privados que se han visto en la necesidad de presentar recursos legales para defenderse de las políticas de la administración mexicana.
“Las reformas de la última década en los sectores de energía, generación de energía, telecomunicaciones y venta minorista de combustible han liberalizado el acceso de los inversores extranjeros. Si bien las reformas no han conducido a la privatización de empresas estatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han permitido la participación de empresas privadas. Aún así, la administración de López Obrador ha realizado importantes cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Pemex y CFE sobre los participantes privados. Los cambios han llevado a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y buscar compensación a través del arbitraje internacional”.
El análisis del gobierno de Biden también critica los embates del mandatario contra la Comisión Federal de Competencia (COFECE), un órgano regular autónomo.
“En septiembre de 2021, la comisionada de la COFECE, la presidenta Alejandra Palacios, renunció luego de varios meses de desacuerdos públicos con la política energética estatista del presidente López Obrador. López Obrador no ha nombrado sustitutos para los Comisionados de la COFECE desde noviembre de 2020, dejando a la institución sin quórum para resoluciones relacionadas con barreras a la competencia o emisión de disposiciones reglamentarias”, dice el informe.
El documento agrega:
“López Obrador ha cuestionado públicamente el valor de COFECE y su partido presentó sin éxito una propuesta el año pasado que habría reducido drásticamente sus recursos y fusionado COFECE y otros reguladores en una estructura menos independiente. La COFECE cuenta actualmente con el quórum mínimo requerido de al menos cuatro comisionados para operar, de un directorio completo de siete miembros. Sin embargo, la COFECE carece del quórum requerido de cinco comisionados para emitir resoluciones finales que determinen barreras a la competencia y prácticas anticompetitivas. El presidente López Obrador no ha designado a los comisionados restantes como exige la ley”.
De acuerdo con el documento, la mayor parte de la inversión extranjera se concentra en los estados del norte de México, cerca de la frontera con los Estados Unidos, donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras, así como en la Ciudad de México y la región de “El Bajío”, que incluye a Guanajuato y Querétaro.
“En el pasado”, dice el reporte, “los inversionistas extranjeros han pasado por alto los estados del sur de México, aunque la administración se enfoca en atraer inversiones a la región, incluso a través de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor logístico e industrial transístmico”, que se construye para conectar el Golfo de México y las costas del Pacífico en Oaxaca.