La seguridad pública en Veracruz enfrenta un desafío más allá de la incidencia delictiva: una profunda crisis de confianza de los ciudadanos hacia sus corporaciones policiales.
Indicadores recientes señalan que la Policía Estatal de Veracruz se ubica persistentemente entre las diez menos confiables del país, una percepción que se ve agravada por la baja eficacia y los altos índices de corrupción.
Según análisis basados en encuestas del INEGI y estudios del Instituto Belisario Domínguez, la desconfianza es un factor estructural en la entidad. Ciudadanos no solo dudan de la probidad de sus agentes, sino también, de su capacidad para responder ante el crimen.
La percepción de corrupción alcanza cifras elevadas, superando el 50% de la población que considera su presencia en la fuerza policial.
“La desconfianza en la autoridad policial no solo refleja un problema de corrupción, sino que también es un factor clave en la cifra negra del delito, pues inhibe a las víctimas de denunciar”, señalan expertos en seguridad.
Este panorama se complica aún más por la insuficiencia de personal y la falta de cumplimiento de requisitos legales entre algunos elementos, situación que en años anteriores colocó a Veracruz con una de las tasas más bajas de policías locales por habitante a nivel nacional.
Si bien las autoridades estatales han reportado en periodos recientes una supuesta reducción en la incidencia delictiva en delitos de alto impacto y un aumento en la percepción de seguridad en ciertos informes gubernamentales, la brecha de confianza con la ciudadanía sigue siendo un lastre para cualquier estrategia de seguridad.
La superación de la crisis de confianza exige una reforma policial integral que vaya más allá del equipamiento, enfocándose en la depuración de elementos, la profesionalización con enfoque en derechos humanos, y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y denuncia para que los veracruzanos puedan finalmente ver en sus policías a verdaderos protectores y no a una amenaza.