Los colectivos ‘¡¿A dónde van los desaparecidos?’ y ‘Quinto Elemento Lab’ condenaron las investigaciones a Marcela Turati, Mercedes Doretti y Ana Lorena Delgadillo, así como la divulgación de su información personal.
Luego de que el diario estadounidense Washington Post revelara el martes que la Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía- investigó durante 2015 y 2016 a periodistas y defensores de derechos humanos que indagaban sobre la masacre de San Fernando, Tamaulipas ocurrida en 2011, la organización ‘¿A dónde van los desaparecidos?’ reprobó la actuación de las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto.
El reporte del rotativo señaló que la periodista Marcela Turati, la cofundadora del grupo forense argentino Mercedes Doretti y la defensora de familiares de víctimas de las masacres de San Fernando, Ana Lorena Delgadillo, fueron sujetas de investigación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación Delincuencia Organizada (SEIDO). Esto, por haber investigar sobre la masacre que costó la vida de al menos 196 personas.
En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, los integrantes del colectivo pidieron a la actual Fiscalía General de la República (FGR) que cierre esta investigación, si es que aún está en curso, y que determine cuáles fueron las responsabilidades de los exfuncionarios de la SEIDO que llevó a cabo las pesquisas.
“El asedio y posible espionaje so pretexto de investigación contra periodistas y defensoras de los derechos humanos tiene que parar”, mencionó.
Por su parte, el colectivo de periodistas Quinto Elemento Lab, señaló este miércoles que Turati, Delgadillo y Doretti apenas se entraron este año “que las autoridades las habían incluido en la misma carpeta donde se investiga a miembros de Los Zetas y a los policías acusados de las desapariciones, la tortura y el asesinato de migrantes en 2011 en Tamaulipas”.
Denunció que al ser investigadas por “delincuencia organizada y secuestro”, la SEIDO tuvo acceso a su información personal, a los teléfonos con los que se comunicaban y a su ubicación geográfica. “De estos hechos estaban enterados los altos mandos de la subprocuraduría”, menciona.
“En el caso de Turati, la SEIDO también obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores los datos personales que ella brindó para tramitar su pasaporte. Esa información permanece en el expediente al que tienen acceso los detenidos por las masacres de San Fernando y sus abogados”, asegura Quinto Elemento en un hilo difundido en su cuenta de Twitter.
El colectivo plantea que “el acceso a los datos personales de una periodista, el seguimiento a sus movimientos, ubicaciones, llamadas y mensajes, y el análisis de sus contactos, vulnera su derecho a la privacidad, a la reserva de la fuente y atenta contra el derecho a la libertad de expresión”.
Además, considera que “el acoso judicial que se vive de manera creciente en México obstaculiza e inhibe la realización de investigaciones periodísticas sobre temas relevantes para la sociedad”.
Quinto Elemento Lab informó que por estos hechos la Fundación Justicia y los familiares de las víctimas encontradas en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía.
Lo anterior, con el objeto de que se investigue quiénes fueron los responsables dentro de la SEIDO y que se cancele el tomo judicial.
En una rueda de prensa, la periodista y la defensora de derechos humanos explicaron el alcance de estas investigaciones ilegales, así como el acoso judicial al que han sido sometidas.
Nota Tomada De Aristegui.