La titular del Organismo de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos consideró que la posible liberación del exgobernador Javier Duarte de Ochoa corresponde al ámbito penal.
Sin embargo, destacó que en materia administrativa y fiscal, el gobierno estatal ha logrado avances significativos en la recuperación de recursos y en la firmeza de créditos fiscales derivados de las investigaciones iniciadas tras su administración.
Expuso que será un monto superior a los 20 mil millones de pesos que tendrán que ser reingresados a la tesorería estatal por parte de exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte.
Refirió que el ORFIS ha mantenido un trabajo constante en materia de responsabilidades administrativas y recuperación financiera.
“El tema tiene que ver más con el campo penal que con el administrativo fiscal. De esas denuncias y determinaciones que han hecho los tribunales, tanto federales como locales, para determinar que una sentencia está firme, ya tenemos varios logros”.
Comentó, que el gobierno estatal será el responsable de cobrar los créditos fiscales que el ORFIS logró ganar y que permitirán la recuperación de los recursos públicos que fueron observados.
“Estamos ya con esos créditos fiscales que están firmes y trabajo que ya se hizo, y ahora, pues, falta nada más culminarlos”.
Dijo que será necesario revisar los términos en los que se determinó la reparación del daño en la sentencia penal de Duarte de Ochoa.
“Habrá que ver qué reparación del daño fue lo que señaló esa sentencia. Eso, digo, habría que ver en el campo penal cómo se determinó la sentencia y en qué términos fue la reparación del daño que se le haya señalado”
Por otra parte, la auditora recordó que el 13 de noviembre se realizará una audiencia en la Contraloría General del Estado, misma que tiene que ver con el sistema de videovigilancia implementado durante el gobierno de Duarte.
“En el caso nuestro ya hubo denuncia que presentamos, hubo un informe de presunta responsabilidad, pero entiendo que el tema ahora se refiere a la empresa. Lo que está por llevarse a cabo este procedimiento es respecto de la empresa, no de los funcionarios públicos”.
Agregó que este procedimiento es independiente a las sanciones administrativas previas, en donde la Contraloría estatal continuará con las acciones correspondientes.