Por Ramón Aguirre Díaz
El tema de la contaminación de los cuerpos de agua en nuestro país es un asunto que definitivamente requiere de una mayor atención. Es claro que muchos de nuestros ríos y embalses son contaminados por descargas industriales y de aguas residuales municipales. La Conagua cuenta con una Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, con 5,028 sitios de muestreo, distribuidos a lo largo y ancho del país, y reporta diversos resultados dependiendo del parámetro de medición. Uno de ellos es la Demanda Química de Oxígeno (DQO), que es un indicador de la cantidad total de materia orgánica en el agua (resultado de la contaminación hecha por el hombre), donde se determina que el 37% de los sitios monitoreados tienen calidad de buena a excelente; 29%, aceptable, y 34%, contaminada o fuertemente contaminada.
En el país se cuenta con unas 2,500 plantas de tratamiento municipales que, en teoría, tendrían la capacidad para procesar del orden del 60% de las aguas residuales recolectadas, sin embargo, sólo una parte de este porcentaje cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Muchas de estas plantas no sólo no funcionan adecuadamente, sino que se encuentran paradas por falta de mantenimiento y de recursos para operarlas, un problema derivado de la crisis financiera que ya padecían los organismos operadores y que se ha acentuado aún más con la contingencia sanitaria por covid-19.
Para muchos de los organismos operadores, tratar adecuadamente sus aguas representa una obligación que no pueden cumplir. Sus prioridades inician con resolver el suministro de agua potable, la recolección de las aguas residuales mediante una red de alcantarillado, que requiere de mantenimiento continuo para llegar al final del proceso, que es el de tratamiento, donde ya los recursos económicos no les alcanzan y se ven obligados a descargar sin tratar sus aguas residuales.
Ahora bien, la realidad es que la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 se encuentra rezagada en comparación con las normas establecidas en los países del Primer Mundo, donde se tienen límites máximos permitidos mucho más exigentes para la mayoría de los parámetros de medición de la contaminación. De hecho, desde hace años se viene preparando una actualización de nuestra norma para equipararla a la de los países desarrollados; la Semarnat y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya la tienen lista para su implementación y exigencia a nivel nacional, pero aún no es oficial.
¿Cuáles serían las consecuencias, donde prácticamente los parámetros permitidos en el proyecto de esta nueva norma se reducen prácticamente a la mitad? Simple: ningún organismo operador podría cumplir con esta norma, ya que las plantas construidas en el país, trabajando a su máxima eficiencia, no podrían alcanzar las nuevas exigencias. Se requeriría reconvertirlas mediante inversiones multimillonarias, estimadas en unos 250,000 millones de pesos, dinero con el que no contamos.
Tener una normatividad más exigente que garantice la conservación de nuestros cuerpos de agua es encomiable y debemos buscar llegar a ello, pero mediante una gradualidad que técnica y financieramente nos permita avanzar. Deberíamos empezar por lograr que todos los municipios e industrias del país cumplan con la norma actual. Sería importante que se evalúe el impacto y se escuche a los involucrados antes de generar una problemática de incumplimiento a nivel nacional.